En debates sostenidos por autoridades del Gobierno y líderes de opinión suele culparse al “neoliberalismo” y a una supuesta liberalización financiera de la crisis de 1999. Pero esta explicación es una caricatura grotesca de lo que sucedió. Las semillas de la crisis de 1999 no se encuentran en la liberalización financiera, sino más bien en intervenciones estatales en el sistema financiero mediante el uso de la política monetaria, cambiaria y crediticia.

El economista Pedro Romero ubica la semilla de crisis de 1999 en la sucretización de la deuda privada externa en 1983 por parte del gobierno de Osvaldo Hurtado. Básicamente, el Gobierno asumió las obligaciones externas de la banca privada. Este fue el primero de sucesivos rescates por parte del Estado ecuatoriano a la banca.

Romero luego indica que esta política continuó durante el gobierno de León Febres-Cordero: a fines de 1984 “se extendió el plazo para cancelar los pagos a siete años, se congeló la tasa de interés en 16% (mientras las tasas mercantiles eran de 28%), se hizo lo mismo con el tipo de cambio a 100 sucres por dólar y se amplió el periodo de gracia de un año y medio a cuatro años y medio. De esta forma, el Gobierno por medio del BCE subsidió y protegió al sector productivo y bancario altamente endeudado con el exterior”. Además, entre 1986 y 1988 se tomaron medidas para ampliar el subsidio a los bancos, de tal forma que estos podían cancelar sus obligaciones con el BCE con un descuento promedio de 78%.

Esta práctica repetitiva de que el Estado intervenga para rescatar y subsidiar a bancos privados generó incentivos perversos que condujeron eventualmente a la hecatombe de 1999. Esta práctica se detuvo cuando se implementó la dolarización y el BCE dejó de emitir dinero y de actuar como prestamista de última instancia.

Vale la pena resaltar que las intervenciones estatales para rescatar a privados que toman malas decisiones nada tienen que ver con el liberalismo, sino más bien con alguna variante de estatismo. También hay que señalar que este sistema hubiera fracasado tarde o temprano con o sin la tímida apertura del sistema financiero que se dio entre 1992 y 1994.

Romero indica que a pesar de esas reformas, “quien gobernaba la política monetaria y cambiaria seguía siendo la Junta Monetaria... Esto implicaba que aún la injerencia de la política en el BCE estaba vigente”. No solo intervenía la política, sino que también era sencillo para algunos banqueros manipular a las autoridades a su favor.

El gobierno de Sixto Durán-Ballén intentó mejorar la situación cambiando las minidevaluaciones por un ancla ajustable. Aun así, sucedió lo que suele pasar en países con moneda propia que no es de aceptación universal: cuando las condiciones externas se tornaron negativas hubo una fuga de capitales, se dispararon la inflación y las tasas de interés y se drenaron las reservas internacionales de tal forma que una drástica devaluación del sucre fue inevitable.

Afortunadamente, hoy que enfrentamos una coyuntura externa similar a aquella de 1999 –el petróleo cayó en un 40% entre 1998-1999 (48% entre 2015-2016), El Niño golpeó al país y el dólar estaba apreciándose– estamos dolarizados y mientras sigamos estándolo, este y cualquier otro gobierno que venga está incapacitado de realizar este tipo de travesuras, que empeorarían marcadamente nuestra situación actual, ya de por sí complicada. (O)