Todo salió como estaba previsto. Las reformas, presentadas como inofensivas enmiendas, fueron aprobadas por la centena de robots que hace tiempo renunciaron al derecho de pensar (la excepción de Fernando Bustamante le hace acreedor a la bienvenida al infierno que, como lo sabe Ramiro González, es a donde van los discrepantes). Ni los argumentos de los asambleístas que asistieron a la sesión ni las manifestaciones callejeras podían evitar ese resultado. La orden venía desde arriba y no quedaba más que cumplirla. Pero, ya que siempre hay traidores, había que tomar medidas para evitar malas sorpresas. Nada mejor, entonces, que unos buenos colchones para asegurar la asistencia puntual y evitar el contacto con las malas influencias que pudieran llevarles a razonar su voto. Imposible dejar de recordar el episodio folclórico de Don Buca recluyendo a sus diputados en un hotel, con los teléfonos cortados y las puertas cerradas a calicanto.

Pero lo que viene es menos previsible. La aprobación de estas reformas abre tres escenarios posibles. El primero, que sería el más favorable para el líder y su mansa tropa, se configuraría si la puesta en vigencia de esas disposiciones no fuera apelada jurídicamente. Amparada en los vacíos que abundan en la Constitución, la Asamblea ya anunció que no las someterá a consideración de la Corte Constitucional. Por tanto, virará la página y dará por terminado el tema. Pero eso no impide que cualquier persona lo haga. Si esto llegara a ocurrir, se abrirían los otros escenarios, que estarían caracterizados por la permanencia del debate acerca de las reformas, pero siempre con remotas o nulas posibilidades de introducir cambios en lo aprobado por los cien obedientes y no deliberantes.

El segundo escenario se configuraría en caso de que la Corte no aceptara o diera largas a la impugnación. El resultado sería el mismo que en el anterior, ya que las reformas mantendrían su vigencia y no habría sobresaltos para la continuación del proyecto político. El tercer escenario se conformaría con la aceptación de la consulta ciudadana por parte de la Corte. En este caso hay, a la vez, dos posibilidades ya que la Corte podría ratificar inmediatamente la constitucionalidad del paquete como un todo o podría hacerlo con algunas reformas y declarar que otras son improcedentes. Podría, por ejemplo, negar validez a la disposición transitoria sobre la reelección porque contradice el criterio de ampliación de derechos, que fue nada más y nada menos que el fundamento central de su decisión de hace un año. Quedaría así abierta la posibilidad para la candidatura del líder y de los asambleístas. Por ello, no sería raro que el pedido a la Corte proviniera de esas mismas filas y no de la oposición.

Lo más probable es que, a pesar del riesgo que encierra esta última alternativa, los sectores de oposición formulen varios pedidos y que la Corte escoja la opción de las trabas procedimentales. Aunque podría viabilizar la reelección, no convendría abrir la caja de truenos del debate constitucional… a menos que la orden superior diga lo contrario. (O)