Las flamantes y tan en boga alianzas público-privadas, APP, existen en nuestro país desde mucho tiempo atrás bajo la Ley de Modernización (años noventa) y se encuentran previstas también en la Constitución de la República vigente desde 2008.
Una APP es la delegación que realiza el Estado a la empresa privada para ejecutar un servicio o proyecto público y financiarlo, por su cuenta y riesgo, a cambio de una contraprestación por su inversión y trabajo, pudiendo realizarse bajo las modalidades de concesión, autorización, alianza estratégica, entre otras. Esto significa que será el privado el que ejecuta el proyecto o presta el servicio, invierte en infraestructura, tecnología y administración, cobra las tarifas y luego comparte con el Estado las ganancias.
En el Ecuador las concesiones han aportado significativamente al desarrollo de nuevas infraestructuras (concesiones viales principalmente) y a la gestión de servicios públicos, tales como los aeropuertos concesionados a empresas privadas en Quito y Guayaquil, el Puerto Marítimo de Guayaquil, la provisión de agua potable y saneamiento de Guayaquil, entre otros. Repasemos algunas cifras redondas o estimadas de inversión: Aeropuerto de Tababela 600 millones de dólares, Puerto Simón Bolívar $ 300 millones, el aeropuerto J. J. de Olmedo $ 290 millones.
Estas inversiones se realizan con recursos propios de la concesionaria, construyendo obras y servicios para la comunidad y aliviando al flujo del Estado para destinar las inversiones hacia sectores sociales, todo esto bajo control del Estado (central o seccional para protección de los usuarios). Adicionalmente a los cánones al Estado, la calidad de los servicios y su eficiencia medida generan beneficios para los usuarios que reciben un servicio de óptima calidad y para la competitividad del país. Es evidente el beneficio que las APP traen tanto al desarrollo del país como a la calidad de los servicios públicos. Este mecanismo es uno de los principales bastiones con los cuales la economía de Chile evolucionó hasta donde se encuentra posicionada.
El 6 de marzo pasado el Gobierno expidió el “Reglamento del Régimen de Colaboración Público-Privada”, el cual se basa en la Constitución y en el Copci, que autorizan de forma excepcional la delegación a la iniciativa privada de sectores estratégicos y servicios públicos. Bajo este reglamento se están llevando a cabo los procesos de delegación del nuevo puerto de Posorja y de Puerto Bolívar-Machala.
Reforzando esta apertura a las APP se está tratando ahora mismo con carácter de urgente en la Asamblea Nacional una nueva Ley de Alianzas Público-Privadas, cuya finalidad principal es otorgar incentivos para promover el financiamiento productivo y la inversión extranjera.
La nueva Ley de APP dispone, entre sus principales atractivos: a) El mismo tratamiento tributario que la ley otorga a las empresas públicas; b) Estabilidad de los incentivos tributarios y marco regulatorio sectorial durante la vigencia del contrato de APP, aunque se modifiquen las leyes posteriormente; c) Exenciones en el Impuesto a la renta por diez años, a la salida de divisas, impuestos al comercio exterior, devolución del IVA, entre varios otros. Los sectores amparados son: vialidad, puertos y aeropuertos; construcción, rehabilitación o equipamiento de obras públicas necesarias para proveer un servicio público; vivienda de interés social; actividades de investigación y desarrollo.
La nueva regulación es una herramienta adicional para atraer inversiones, principalmente extranjeras y diferentes a emisión de deuda y de préstamos con otros gobiernos o multilaterales, es decir, es un mecanismo adicional para llamar a la inversión bajo riesgo propio y no como compromiso del Estado, aligerando peso y riesgo y, a su vez, impulsando nuevos proyectos y servicios que potencien al país. Es de reconocer como positiva esta decisión gubernamental de apertura a recibir incluso iniciativas del sector privado en infraestructuras y/o servicios, otorgándoles beneficios que los tornan económicamente atractivos, en busca de sostener el nivel de las inversiones productivas a pesar de los impactos económicos externos. Contemos ahora con que los inversionistas se hagan escuchar. (O)
