Mientras la ministra Cely se reunía con los empresarios para promover su proyecto de ley de Alianzas Público Privadas (APP), el presidente Correa afirmaba en su sabatina 442 que el país tiene una clase empresarial anacrónica. Un mismo Gobierno pero dos discursos, de acuerdo al auditorio.

Que las realidades económicas y la agenda política se encuentren divorciadas no es la mejor señal, en momentos que por primera vez se reconoce la gravedad de la crisis.

Después de haber sostenido que lo peor ya había pasado y que el Ecuador estaba preparado para aguantar una reducción del precio del petróleo a 25 dólares, de pronto se acepta que el crecimiento de la economía no será sino 0,5 por ciento, acaso cero o una disminución. Literalmente, un anacronismo toda vez que desde hace meses analistas y empresarios habían advertido la tendencia.

Seguramente el Gobierno lo sabía pero no quería alentar expectativas negativas antes de hora.

El escenario de la baja del crudo y la apreciación del dólar se proyecta al mediano y tal vez al largo plazo. Desde 2007 Ecuador registra una inflación acumulada en dólares 20 por ciento superior a la registrada en Estados Unidos en el mismo periodo, lo cual se traduce en baja productividad, sobre costos y falta de competitividad.

Es una cuestión estructural no coyuntural, convirtiéndose en un problema no solo del Gobierno, sino también de la empresa privada como verdadero motor de la economía.

El desafío es tomar acciones en varios frentes que permitan neutralizar las amenazas a la estabilidad macroeconómica por el shock externo.

La prioridad es tratar de mejorar el ambiente en que se desarrolla la actividad empresarial para garantizar su sostenibilidad y sobre todo el mantenimiento de plazas de trabajo que se vienen perdiendo o están en riesgo.

Mantener vigentes las reformas a las leyes de Herencia y de Plusvalía implica repetir un craso error. Minó la confianza de distintos actores económicos y paralizó la inversión que los sectores corporativos tenían programada. También acentuó la tendencia de disminución de los depósitos en la banca con la consecuente afectación en la dinamia del crédito.

El Gobierno tiene que poner de su parte para ir generando espacios de concertación que se tornan apremiantes.

La insistencia en el proyecto de reelección presidencial indefinida no puede ser más inconveniente e inoportuna. Solo contribuirá a exacerbar las tensiones sociales que amagan con un estallido. Debe resignarse la pretensión de hacerlo por medio de la Asamblea Nacional y llevarlo a consulta popular, al menos; es una cuestión ética, tal como lo ha reconocido Evo Morales en Bolivia, en su caso.

Ante el dilema que plantea una economía en decaimiento, la iniciativa de las APP apunta en la dirección correcta. Aunque está condenada al fracaso si se continúa desestimando el pedido de seguridad jurídica y estabilidad en las reglas del juego. En caso de darse la condiciones, la inversión privada se convertirá en la principal herramienta contracíclica de la que dispone el Gobierno para afrontar la mayor crisis desde que se adoptó la dolarización. (O)