Manuela Picq ha sido víctima de la represión policial en la revolución ciudadana, golpeada, detenida, y sometida al más arbitrario proceso para retirarle la visa y deportarla del país. Lo ha hecho el Gobierno movido por un afán de castigarla por ser compañera de un dirigente indígena tan importante como Carlos Pérez Guartambel –quien, dicho sea de paso, estuvo preso bajo este Gobierno acusado de sabotaje y terrorismo–, por participar en las jornadas de protesta ligadas a la marcha indígena y por ser extranjera.
Como señala un manifiesto firmado por miles de personas y académicos para evitar su deportación, Manuela es una reconocida académica en los campos del derecho internacional, movimientos sociales, feminismo, estudios indígenas y sexuales. Es profesora de la Universidad San Francisco en Quito; ha sido docente en Amherst College, la Universidad de Massachusetts Amherst, y en Princeton University. Tiene una larga vinculación con el Ecuador. Actúa a la luz pública, de modo claro y abierto, sin esconderse.
Su caso muestra cómo el Gobierno reconoce derechos y libertades a quienes están de su lado y los restringe o conculca a sus críticos. Hemos visto desfilar por el Ecuador a decenas de académicos extranjeros –asesores gubernamentales, Prometeos– que han participado en la política ecuatoriana activamente del lado de la revolución ciudadana. Ellos gozan de todas las protecciones, amparos, elogios e incluso financiamiento. A Picq la golpean y encarcelan.
La golpiza a Pérez Guartambel y a Salvador Quishpe el día del paro, así como la detención arbitraria de Manuela Picq son reacciones extremas de un gobierno molesto, indignado, picado –diríamos– por el éxito de la marcha de la Conaie, la multitudinaria –una vez más– concentración en Quito del jueves en la tarde y la astucia de la dirigencia indígena para burlar la estrategia gubernamental. Al mismo tiempo, una reacción de furia y venganza por el fracaso de la gestión encomendada al señor Patiño para neutralizar la protesta y generar adhesiones sociales a favor del Gobierno. Una muestra de indignación gubernamental al constatar, nuevamente, que ya no moviliza, que le va quedando solo la retórica repetitiva de la desestabilización y el golpe blando, la tarima donde el presidente termina afónico y un desprestigiado aparato de comunicación. La noche del 13 de agosto, mientras decenas de miles de ciudadanos de diversas organizaciones y grupos sociales se tomaban las calles del centro de Quito, en la Plaza de la Independencia, a muy pocas cuadras, el festival de la juventud organizado por Alianza PAIS era presenciado por pocos militantes y muchos policías.
Cuando los gobiernos autoritarios se sienten débiles después de haberlo tenido todo; cuando no pueden explicar su desgaste y debilidad, entonces golpean, detienen, extraditan. Es el desenlace de un largo recorrido en el cual los derechos políticos y la libertad para ejercerlos se han ido restringiendo de modo progresivo. Como los ciudadanos no renuncian a sus derechos políticos ni a sus anhelos de una vida democrática auténtica; como les mueve hoy un espíritu crítico y antigubernamental fuerte, entonces hay que golpearlos. Manuela Picq ha experimentado el reverso violento, vergonzante, peligroso, muy peligroso, de quienes, a pesar de las evidencias de las calles y ciudades, siguen sintiéndose dueños del campo popular y depositarios de toda la legitimidad democrática. (O)
