En el revuelo causado por Julian Assange al divulgar los cables norteamericanos, el Gobierno ecuatoriano y sus fieles inmediatamente apoyaron la causa del australiano. Para que no quede solo en palabras, en horario extendido de atención de la Embajada en Londres lo recibieron con una amabilidad que no ha desmayado en tres largos años. Poco después, cuando Edward Snowden reveló otros secretos y se puso a recorrer medio mundo, volvieron a abrir las puertas, pero esta vez no solamente de una embajada, sino del país entero. Por razones ajenas a la voluntad gubernamental, en esta ocasión la solidaridad se demostró solamente en un efectivo salvoconducto otorgado por un funcionario de tercera.
Dejando de lado las irregularidades en los procedimientos, se las podía calificar como acciones correctas ya que se enmarcaban perfectamente en los principios de los derechos humanos. Como es sabido, la defensa y la preservación de estos no pueden sacrificarse por las formalidades, aunque ello pueda causar el enojo de otros países y provoque, como ocurrió en este caso, el malestar de amigos y conocidos. Por tanto, si la motivación central del Gobierno nacional y particularmente de su servicio exterior era la protección de los derechos humanos, la posición ecuatoriana merecía un sonoro aplauso.
Pero, antes de dar paso a la ovación, cabe preguntarse cuáles eran los derechos que buscaba proteger el Gobierno al intervenir en esos dos casos. Las declaraciones y las acciones oficiales y oficiosas pusieron énfasis en la protección de las vidas de Assange y Snowden que, real o supuestamente, se hallaban en peligro. Solo en menor medida y como algo secundario aludieron a la protección de la privacidad y la intimidad de las personas, que era el tema de fondo y la razón por la cual los dos personajes se hallaban en esa situación. Las acciones de cada uno de ellos, con sus particularidades, sus errores y sus métodos heterodoxos, estuvieron guiadas por ese objetivo.
En estos días, el Gobierno nacional enfrenta nuevamente el espinoso tema del derecho a la privacidad. Ahora debe hacerlo casa adentro, ya no en una acción dirigida a proteger a extraños. Le corresponde aclarar las dudas y sospechas que se han levantado por un caso muy similar a los que protagonizaron Assange y Snowden, pero que involucra directamente al Ecuador. La publicación de los archivos de Hacking Team (gracias nuevamente a WikiLeaks) es un hecho grave, porque el Gobierno aparece como uno de los clientes de esa empresa que ofrece servicios y equipos de espionaje.
Al contrario de lo que hizo en los casos de los hackers extranjeros, cuando el Gobierno y sus medios publicitaron los cables y señalaron culpables, ahora se han apresurado a echar tierra. Las respuestas oficiales se han movido entre las medias tintas, la supuesta ignorancia de altos funcionarios y la alusión a imaginarias amenazas a la seguridad nacional. Por ello, el panorama se carga de sospechas que apuntan ya no solamente a la escasa importancia otorgada al derecho a la privacidad, sino al ataque directo a esta. (O)
