Por: Santiago J. Bucaram

Contrariamente a lo que varios medios de comunicación, públicos y privados, argumentan, las reformas que afectan a las remuneraciones de los funcionarios públicos de Galápagos y el hecho de que los puestos de trabajo en las islas dejan de ser exclusivos para los residentes, están lejos de ser los únicos motivos de las protestas en el archipiélago. Según los lugareños, estas manifestaciones buscan también mostrar el contundente rechazo a las reformas de la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos (Loreg) de 2015, que potencialmente reducirían los derechos de la naturaleza del archipiélago; puesto que, este nuevo panorama legal, además de favorecer la “caribeñización” de las islas, es una amenaza directa a su estatus de Patrimonio de la Humanidad.

La ambigüedad en lo que respecta a la definición de los límites del Parque Nacional Galápagos (PNG) es una de las razones de protesta. Junto con la derogación de la Loreg de 1998, se eliminó su artículo No. 11, a través del cual se establecía que el área del PNG y sus linderos se definían según lo expresado en el Acuerdo Interministerial No. 0297, publicado en el Registro Oficial 15 del 31 de agosto de 1979. Con la Loreg de 2015, se ha generado un vacío legal. En dicho instrumento, no se delimitan las fronteras del Parque Nacional Galápagos de manera explícita; se manifiesta únicamente que la Autoridad Nacional Ambiental (ANA) se encargará de delimitar y actualizar el área del Parque Nacional Galápagos. Este vacío despierta incertidumbre en la población galapagueña y favorece la percepción de que la Autoridad Nacional Ambiental tiene la potestad irrestricta de (re)establecer los límites del Parque Nacional Galápagos, a su antojo.

Otro tema de preocupación está relacionado con la pérdida de los derechos de participación política de los isleños. La Loreg de 1998 contemplaba y promovía el comanejo como alternativa de administración de la Reserva Marina de Galápagos. A pesar de sus innumerables problemas, es innegable que este enfoque de manejo aseguraba la participación democrática, directa e inmediata de toda la población con intereses en la Reserva Marina de Galápagos. Lamentablemente, en lugar de ser reforzado, el comanejo fue eliminado por la actual Loreg y, según su artículo No. 22, la participación ciudadana se reduce a un nivel consultivo no vinculante en temas relacionados a la administración de la Reserva Marina de Galápagos. Además, con la Loreg de 2015, desaparece el Consejo Provincial; en su lugar, se impone la figura de un Consejo de Gobierno, cuyo presidente es designado por el Ejecutivo, sin votación popular. El pleno de dicho Consejo está conformado, en su mayoría, por miembros del Gobierno Central. Con esto, se soslaya la representatividad democrática de la población galapagueña, haciendo que el destino de las islas (incluyendo sus finanzas) dependa, de manera casi exclusiva, de Carondelet.

Es así como los galapagueños no solo protestan por las reformas laborales contenidas en la Loreg de 2015, sino también porque consideran que a través de esta nueva ley se le ha concedido al Gobierno Central la potestad de alterar el Parque Nacional Galápagos, desde su estructura hasta su manejo, sin restricciones. Esto último es percibido como una grave amenaza para las islas, cuyos recursos ecosistémicos son de los pocos tesoros naturales que le quedan a un país que afirma que ‘ama la vida’.

Los galapagueños no solo protestan por las reformas laborales contenidas en la Loreg de 2015, sino también porque consideran que a través de esta nueva ley se le ha concedido al Gobierno Central la potestad de alterar el Parque Nacional Galápagos, desde su estructura hasta su manejo, sin restricciones.

* Profesor de la Universidad
San Francisco de Quito. (O)