El 3 de noviembre falleció uno de los fundadores de la Escuela de Elección Pública, Gordon Tullock. Él y James Buchanan (1919-2013) consideraban que no había por qué asumir que el individuo se convertía en un ángel cuando ingresaba al ámbito público. A Tullock en particular se le adscribe la idea de los “buscadores de rentas“, individuos que pretenden manipular el proceso político capturando rentas de otros a favor de sus intereses particulares.
En el libro más famoso de Tullock y Buchanan, El cálculo del consentimiento, los autores explican que su análisis se inspira en la concepción que James Madison tenía de la democracia: preferible a otros sistemas de gobierno, aunque imperfecta por varias razones, siendo una de ellas el peligro de ser capturada por lo que él llamaba “facciones“. A estas hoy se las suele denominar “poderes fácticos“.
A Tullock le preocupaba cómo mejorar el sistema democrático para que los buscadores de rentas no lo manipulen a su favor. En la reciente cadena de la Secom ‘Esta es la verdadera libertad’ se refleja una preocupación similar. Los actores vestidos de negro representan un pasado oscuro en el que intereses particulares querían lucrar y tener amplio rango para cometer abusos. Lo que la cadena no dice, ni tampoco podemos esperar que se lo diga en una propaganda oficial, es que (1) fue la captura del Estado lo que permitió e incentivó múltiples abusos por parte de intereses particulares, que (2) todo indica que seguimos en ese modelo del pasado (aunque significativamente profundizado) con la diferencia de que ahora son otros los intereses particulares a la cabeza y, (3) ¿qué es lo que hace más probable que los Estados sean manipulados a favor de los “poderes fácticos“?
Aquí es donde viene el gran aporte de Tullock: cortejar a los políticos mediante lobbies (cabildeos) para obtener algún privilegio del Estado puede resultar rentable para determinado empresario o grupo de estos, pero inevitablemente acarrea un costo para la sociedad dado que todos los recursos destinados a cortejar a los políticos son recursos que ya no se destinaron a actividades productivas. Por ejemplo, si el gremio ABC gasta $ 1 millón para obtener un arancel que se espera que les produzca ganancias adicionales de $ 2 millones, entonces ese gremio habrá obtenido una renta de $ 1 millón y para este se justifica haber “invertido” $ 1 millón. No obstante, la sociedad en general perdió $ 1 millón que se hubiera destinado a actividades que son rentables sin protección estatal y además los consumidores son castigados con precios artificialmente más altos.
Pero no dejemos pasar algo muy importante. Si los políticos no tuviesen el poder de conceder subsidios, aranceles, regulaciones que benefician a unos y perjudican a otros, a cualquier individuo o grupo de personas no le resultaría rentable gastar en hacer “lobby”.
Algunas generaciones de políticos ecuatorianos consideraron que acrecentar la intervención del Estado en la economía no tendría consecuencias negativas sobre la institucionalidad y el desarrollo económico a largo plazo del país. O tal vez lo sabían y no les importó. Así que es paradójico que los que nos gobiernan hoy le digan “El pasado no volverá” a las generaciones de políticos que les pusieron la mesa. Ese pasado nunca se fue. Está en cada acto que concentra más poder en el Estado.
