Hasta el 2007, año en que asumió el poder el presidente Rafael Correa, el Estado ecuatoriano solo contaba con un medio de comunicación oficial: la Radio Nacional del Ecuador, emisora AM que transmitía desde la capital de la República desde hace más de cuatro décadas. El panorama cambió radicalmente en el año 2011 cuando el número de medios controlados por el Gobierno (estaciones de radio, televisión y prensa escrita) subió abruptamente a una veintena. Constan los medios públicos: Ecuador TV y Radio Pública; los medios gubernamentales: diario El Telégrafo, diario El Ciudadano, diario PP y la Agencia Pública de Noticas Andes; y los medios incautados por la AGD: TC Televisión, Gamatv, CN3, varias emisoras de radio y revistas de variada temática. Todos ellos están sometidos a las órdenes del Gobierno, por lo tanto, no revelan una independencia editorial, situación que es rechazada frontalmente por funcionarios de la Secom.

El 8 de julio del 2008, previa cita en Carondelet, la AGD incautó 195 empresas vinculadas a los hermanos Isaías, expropietarios de Filanbanco y deudores del Estado de 661 millones de dólares, establecido por una auditoría externa, con el fin de vender los bienes y recuperar parte de esa deuda, determinada durante el salvataje bancario ocurrido en 1998. Dentro del paquete de incautaciones se incluyeron canales de televisión abierta y de cable (tomadas de forma abrupta a través de la fuerza pública), considerados los de mayor cuantía económica.

Se creó un fideicomiso denominado “AGD-CFN No más impunidad”. El mandatario prometió que seis meses posteriores a la incautación, esos bienes serían vendidos o subastados. Aquello nunca ocurrió, más bien, el Gobierno los ha utilizado como si fuesen su propiedad para publicitar de manera exagerada las obras ejecutadas, constituyéndose en su mayor cliente y despilfarrando cifras millonarias por concepto de propaganda oficial. Hay que aclarar que los medios de comunicación privada generan sus propias fuentes de financiamiento, mientras que los públicos los proporciona el Estado con fondos públicos, es decir, con nuestro dinero.

Tanto es así que Gamatv es utilizada como estación matriz para transmitir la cadena nacional llamada “sabatina”, que aparentemente sirve para rendir cuentas de la gestión gubernamental, pero en la práctica no lo es. Y el otro canal, TC Televisión, parece agencia oficial de noticias y entrevistas, debido al amplio espacio dedicado a las actividades de funcionarios públicos. Mientras, diario El Telégrafo circula con poca demanda por parte de lectores particulares, por lo cual se los obsequia en las dependencias estatales, incrementando las pérdidas económicas, asumida por los ecuatorianos.

En el 2011 decidieron vender a los trabajadores de Gamatv y TC Televisión el 22% y 25% de las acciones, respectivamente, misión que fracasó porque el proceso se estancó por diversos motivos. Seis años han transcurrido desde la incautación y no hay forma de vender esos medios. La razón es sencilla: se los utiliza como herramienta política, que ya se evidenció en la campaña electoral presidencial pasada. Caso curioso, en la Ley de Comunicación vigente no se establecen plazos ni condiciones para la venta de estos medios. ¿Por qué?

En resumen: existen medios oficiales, un poco más equilibrados; los gubernamentales y los incautados, inclinados totalmente hacia el régimen, sin visos de cambio. ¿Cuál ha sido la gestión del referido fideicomiso? ¿Habrá alguna autoridad en el país que ponga orden en este polémico y delicado tema? Lo dudo…