Con las intervenciones de Diego Vallejo, exasesor del ministro José Serrano, y William Galeano, ambos condenados por el delito de asociación ilícita, es como concluyeron casi dos horas y media de audiencia en las que se dieron a conocer los argumentos que los abogados de ambos sentenciados tenían para pedir en la Corte Nacional que se les conceda el recurso extraordinario de revisión.

Tanto Vallejo como Galeano aseguraron, la tarde de este lunes, que son inocentes y que el delito por el que los sentenciaron y pasaron 18 meses encarcelados fue un montaje, debido a una persecución de entonces funcionarios del Gobierno de Rafael Correa contra Vallejo. Los jueces nacionales Walter Macías (ponente), Daniela Camacho y Luis Rivera integran el Tribunal de Revisión de la Corte Nacional de Justicia.

Tres testimonios son parte de la prueba nueva con la que Diego Vallejo pretende que un Tribunal de Revisión de la Corte Nacional lo declare inocente

Esta diligencia se reinstaló a las 11:00 de este lunes. Allí se hizo la lectura de la declaración juramentada que dio el exagente Oswaldo Rivadeneira en el Consulado de Ecuador en Bogotá (Colombia), en la que señaló que él formó parte de un complot, liderado por el Gobierno de Rafael Correa, para implantar armas a Vallejo en un falso operativo de rutina. Este testimonio fue parte de la prueba nueva que se presentó en la diligencia.

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También intervinieron los policías que habrían participado en el operativo en que fue detenido Vallejo: Fernanda Galárraga y Pablo Luna. Pese a las preguntas que se les hicieron, ambos uniformados en servicio activo respondieron en su mayoría que por los años que han pasado no recordaban hechos, fechas e incluso que no conocían a personas como Vallejo ni Rivadeneira.

En su intervención, Vallejo, quien fue asesor de las secretarías de Transparencia e Inteligencia al inicio del gobierno de Rafael Correa y que laboró en el Ministerio de Justicia cuando era ministro José Serrano, criticó que los dos uniformados llamados a rendir testimonio digan que no se acordaban de los hechos en los que él asegura que le implantaron las evidencias por las que terminaron condenándolo.

“Finalmente, la Corte Nacional de Justicia tiene la oportunidad de resarcir el grave daño que la justicia correísta cometió en mi caso. Estoy seguro de que en esta ocasión los jueces de la Corte actuarán apegados al derecho”, indicó Vallejo.

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En junio de 2012 fue detenido luego de realizar varias denuncias públicas respecto a la participación de funcionarios del correísmo en casos de espionaje, corrupción e irregularidades en concursos para elegir autoridades. En la maleta que era de propiedad de Vallejo supuestamente se encontraron armas y un croquis del domicilio del entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Paulo Rodríguez.

“El operativo se dio porque Diego Vallejo tenía información muy sensible, ya que había hecho denuncias por la elección del fiscal general del Estado, denuncias contra la denominada Corte Cervecera; (...) había un sinnúmero de denuncias. Yo jamás le entregué la mochila con armas a Diego Vallejo; como lo cuento en la declaración juramentada, yo le entregué una mochila con documentos que la Policía tenía la obligación de cambiar. En mi declaración juramentada cuento cómo Rommy Vallejo se reunió conmigo, cómo José Serrano se comunicaba, cómo Galo Chiriboga también lo hacía”, señaló Rivadeneira, quien acudió a la CNJ.

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Fernando Gándara, parte de la defensa de Vallejo, explicó que se hizo notar al Tribunal de Apelación que Galárraga le estaba mintiendo, pues existe la evidencia suficiente de que ella seguía a Vallejo para involucrarlo en el delito por el que se lo procesó.

“Confío en la justicia y en el Tribunal que escuchó nuestros argumentos confirme la inocencia de Diego Vallejo. (...) En este caso se dio un faso positivo y con la metida de mano en la justicia se escogió los fiscales, el Tribunal. (...) Vallejo al momento no tiene ninguna sanción en su contra, ya cumplió su pena, pero vemos que en la Policía la influencia de José Serrano es total todavía”, explicó Gándara, quien señaló que las victimas de este caso y sus familias tienen el derecho a una reparación integral (daño inmaterial, material y moral) y ante ello el Estado tendrá que pagar y ejercer las acciones de repetición contra los !creadores de este falso positivo”.

El próximo viernes 14 de enero, a las 11:00, los jueces Macías, Camacho y Rivera darán a conocer de forma oral la resolución a la que lleguen en este caso, es decir, si aceptan o no el recurso extraordinario de revisión. (I)