Sofía Almeida denunció por presunta infracción electoral grave a cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana

Como parte de las acciones legales que Sofía Almeida impulsa para recuperar la Presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) presentó una denuncia por presunta infracción electoral grave en contra de cuatro vocales que conforman la actual mayoría.

La denuncia la ingresó el pasado 24 de febrero en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra de los vocales Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, para que sean sancionados por infracción muy grave estipulada en el artículo 279 del Código de la Democracia.

La norma establece que esta infracción será sancionada con multa desde 21 salarios básicos hasta 60, la destitución y/o suspensión de los derechos de participación desde dos hasta cuatro años.

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La causa recayó en el despacho del juez Arturo Cabrera, presidente del TCE, quien solicitó el último 16 de marzo a la denunciante que la complete y aclare, en aspectos como, por ejemplo, la calidad en la que comparece; que especifique el acto, resolución o hecho respecto del cual se interpone el recurso “con señalamiento del órgano que emitió el acto o resolución y la identidad de a quien se atribuye la responsabilidad del hecho”.

Así como los fundamentos del recurso “con expresión clara y precisa de los agravios que cause el acto, resolución o hecho y los preceptos legales vulnerados”.

El pasado 9 de febrero, los cuatro vocales mencionados removieron de su cargo de presidenta a Sofía Almeida y a David Rosero de la vicepresidencia, y designaron a Ulloa como presidente y a Rivadeneira como vicepresidenta.

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Desde entonces, la minoría conformada por Almeida, Rosero y Javier Dávalos ha impulsado procesos en la justicia ordinaria, mediante acciones de protección para recuperar el control de la institución sin pronunciamientos favorables.

Los tres asisten bajo protesta a los plenos que convoca Ulloa para no verse afectados en el ámbito administrativo.

En esos espacios, Almeida reprocha a Ulloa ser el “presunto presidente” que convoca a una “presunta sesión” en su calidad de “presidente pirata” e insiste en que las acciones que se aprueben en esas plenarias son ilegales. (I)