Oposición a los proyectos mineros, un discurso que va escalando en el movimiento indígena

El rechazo a la explotación de recursos no renovables se intensificó en los últimos quince años por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que ha sido la protagonista de manifestaciones nacionales.

En la víspera, en las parroquias Palo Quemado y Las Pampas, ubicadas en el cantón Sigchos (Cotopaxi), los comuneros se enfrentan con miembros de la Policía Nacional para rechazar la ejecución de una consulta ambiental, para un estudio de impacto ambiental para las fases de explotación y beneficio de minerales metálicos en la concesión La Plata, que impulsa la empresa canadiense Atico Mining Corporation.

Para aplacar la confrontación, el alcalde de Sigchos, Óscar Monge Tipán, interpuso una acción de protección, y el juez Darwin Paredes Semanate, de la Unidad Judicial Mutilcompetente, admitió a trámite el recurso y dictó medidas cautelares provisionales que detuvieron el proceso, que lo lleva a cabo el Ministerio del Ambiente.

En su sentencia del 25 de marzo, el juez ordenó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que repliegue las tropas, al igual que a la Policía, con excepción del personal asignado a las tareas relacionadas con el conflicto armado interno.

El accionante alegó que los habitantes son afectados directos de la concesión minera La Plata y que no habrían sido considerados en los procesos de consulta.

De su lado, el ministerio del ramo había alegado que la fase para el estudio estaría siendo interrumpida por grupos identificados como antimineros que amedrentan a los funcionarios.

La audiencia para tratar la acción de protección se convocó para el 2 de abril, aunque las partes procesales están solicitando diferirla.

En tanto, en Quito se calientan las calles. El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, convoca a sus afines a protestas focalizadas en los exteriores de edificios gubernamentales, que terminan con choques con la Policía.

De acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas, del 2016 al 2022 hay un total comprometido de $ 1.299′332.095 que ejecutan 40 titulares mineros en 275 concesiones.

En el último año, según recogen cifras del Banco Central del Ecuador, se exportaron $ 3.324,37 millones de productos mineros, lo que sería 19,80 % superior a lo que se exportó en el 2022, siendo el cuarto rubro más exportado de la economía nacional.

El ministerio había proyectado una exportación por $ 2.862 millones, pero a diciembre del año en curso se registraron $ 3.324,37 millones.

No obstante, los planes de los Gobiernos para acceder a recursos han encontrado oposición de los grupos sociales en los últimos quince años. Entre el 2009 y 2024, la vivieron Rafael Correa Delgado, Lenín Moreno Garcés, Guillermo Lasso Mendoza y, ahora, Daniel Noboa Azín.

Con la constituyente del 2008, el expresidente Rafael Correa y su movimiento, Alianza PAIS (hoy Revolución Ciudadana), se enfrentaron al movimiento indígena por la Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, más conocida como ley de aguas, y también por la ley minera.

En 2009 se inició el debate de los articulados como parte del régimen de transición que fijó la carta política. La Asamblea iba a aprobar la ley de aguas en el 2010, pero las fuertes protestas de la Conaie lo impidieron.

Se retomó su debate en el 2014 y se aprobó con mayoría oficialista de AP. Sin embargo, la actual Corte Constitucional (CC), el 12 de enero de 2022, la declaró inconstitucional y dio a la Presidencia de la República el plazo de doce meses para que prepare un proyecto y lo envíe a debate legislativo.

Hasta la fecha, se desconoce si el Ejecutivo tiene lista la propuesta.

En el 2009, la ley minera también fue punto de inflexión. El 26 de enero de ese año, la Comisión Legislativa y de Fiscalización del Parlamento se allanó al veto parcial de Correa a la norma y se publicó en el Registro Oficial, pese a las críticas.

En septiembre, la Conaie, con Marlon Santi a la cabeza, y Humberto Cholango, en la Ecuarunari, organizaron un paro nacional contra la nueva ley minera y la ley de aguas.

Tres años más tarde, en marzo del 2012, cientos de indígenas protagonizaron una caminata antigubernamental que empezó en la Amazonía y terminó en la capital, porque Correa impulsaba los proyectos a gran escala Mirador y Fruta del Norte, ubicados en Zamora Chinchipe y concesionados a Ecuacorriente S. A. y Lundin Gold, respectivamente.

El régimen correísta también impulsó proyectos de explotación de crudo, para lo que en noviembre del 2013 se realizó en Quito la XI Ronda Petrolera, que concitó las protestas de grupos ambientalistas.

En medio de forcejeos habían resultado agredidos un embajador de Chile en Ecuador y un empresario bielorruso.

A consecuencia de ello, se iniciaron investigaciones judiciales y Correa ordenó el cierre de la fundación Pachamama, que retomó sus actividades con la presidencia de Lenín Moreno.

Su gobierno vivió el levantamiento indígena de octubre del 2019, en rechazo al Decreto Ejecutivo 883, que eliminó los subsidios a los combustibles.

Después de casi dos semanas de violentas movilizaciones, el exmandatario derogó el decreto.

Antes, Moreno ordenó un megaoperativo contra la minería ilegal en la población de Buenos Aires, en Urcuquí (Imbabura), conocida como la “ciudad de plástico”.

Se sabía de la presencia de grupos armados que amedrentaban a la población, por lo que en junio más de 2.000 policías se movilizaron al lugar y expulsaron a un número similar de mineros que actuaban al margen de la ley.

Con el cambio de administración, a la de Guillermo Lasso, la Conaie declaró un paro nacional indefinido en junio del 2022 exigiendo el congelamiento de los precios de los combustibles.

Después de 18 días de vehementes movilizaciones se puso fin a la medida con la intervención de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y el Gobierno se comprometió a abordar 218 acuerdos.

Entre ellos estaban impulsar reformas a la ley minera; dictar la moratoria a la minería y explotación petrolera hasta que se apruebe la ley para efectuar la consulta previa, libre e informada; y la consulta ambiental, que están contempladas en la Constitución.

De esos acuerdos no se reportan avances, en un periodo de inestabilidad política tras la disolución de la Asamblea Nacional en mayo del 2023, lo que dio paso a las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas.

En la gestión de Lasso, el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) declaró, en abril del 2023, a la minería ilegal como una amenaza que atenta a los elementos estructurales, que se consideraría como terrorismo.

Se adoptaron acciones, como declarar varias concesiones mineras como áreas reservadas de seguridad (ARS) para que miembros de las Fuerzas Armadas resguarden a los operadores legales.

El ahora presidente, Daniel Noboa, incorpora en su plan de gobierno la explotación minera para obtener ingresos fiscales.

A inicios de marzo hizo un viaje oficial a Canadá, en donde suscribió seis compromisos de inversión en minería por $ 4.800 millones y activó las alertas en la Conaie.

El 6 de marzo de 2024, el Ministerio de Energía y Minas emitió un “Manual para la operativización de la consulta previa, libre e informada”, amparándose en varios dictámenes de la Corte Constitucional en los que se han inscrito ciertos requisitos.

Sin embargo, los jueces constitucionales han aclarado en sus fallos que estos mecanismos requieren de leyes orgánicas, que no pueden ser reguladas por decretos o normas de rango inferior.

Ese criterio consta en un dictamen de inconstitucionalidad por la forma en contra del Decreto Ejecutivo 754 firmado por Lasso, en el que se hicieron reformas al reglamento al Código Orgánico del Ambiente.

En respuesta a ese manual y a la política de Noboa, la organización indígena anunció la conformación de un frente antiminero y, esta vez, en oposición a la minería legal e ilegal. Así también, resolvieron radicalizar acciones de protesta territoriales que podrían transformarse en un levantamiento.

La Conaie demandó la inconstitucionalidad del manual y desde este martes arrancó con manifestaciones focalizadas en los exteriores del Ministerio del Ambiente en Quito, así como en Las Pampas y Palo Quemado en Cotopaxi.

El dirigente Leonidas Iza calificó a Noboa de ser un “ignorante, estúpido y miserable” por no acatar las disposiciones de la Corte Constitucional y no empezar la construcción de la ley para aplicar la consulta previa y la ambiental.

“El presidente es un ignorante; no conoce la realidad del país. Seguramente en Harvard no les han enseñado las normas de convivencia básica. Estúpido… Estúpidamente se ha impuesto... Este Gobierno ignorante con una normativa menor, como es el manual, quiere aplicar la consulta ambiental… Deje de ser un presidente miserable; está viendo para sus intereses. Nuestra lucha es legal y jamás aceptaremos que digan que nuestros territorios están vinculados al narcotráfico. Son territorios en donde vamos a radicalizar las luchas”, dijo a periodistas el martes, 26 de marzo.

Desde el Palacio de Gobierno se pronunció el secretario de Pueblos y Nacionalidades, Marco Guatemal Anrango —activista de la Conaie—, que denunció que las medidas de hecho dejaron a los habitantes de Palo Quemado sin agua.

“Para nada podemos dejar que el interés personal de un dirigente conlleve a que haya conflictos. El país necesita seguridad. Hoy necesitamos unidad y a buscar la paz. La única herramienta para evitar conflictos es el diálogo con los actores directos que están en el lugar, pero no con quienes quieren incidir en un proceso electoral con intereses muy personales”, increpó Guatemal en un video difundido por la Secretaría de Comunicación del Ejecutivo, la noche del 27 de marzo. (I)