Fiscalía investiga posible ‘usurpación y retención ilegal de mando’ en el Consejo de Participación Ciudadana

Ante la posible existencia de hechos que configuren el delito de usurpación y retención ilegal de mando, la Fiscalía abrió, el 21 de febrero pasado, una investigación previa contra los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo.

La indagación contra Ulloa, actual presidente del CPCCS, y los otros tres consejeros se abre ante una denuncia colocada, el 15 de febrero último, por la ahora expresidenta de ese organismo Sofía Almeida.

Mayoría del Consejo de Participación Ciudadana elige a Hernán Ulloa como presidente y a María Fernanda Rivadeneira como vicepresidenta

En su denuncia, Almeida —entre otras cosas— explica que el 9 de febrero pasado, Ulloa, Estupiñán, Rivadeneira y Bravo, “haciendo uso de la fuerza contra funcionarios del CPCCS, ingresaron a las instalaciones del Consejo con la finalidad de reunirse en una sesión de pleno, sin contar con una convocatoria previa emitida por autoridad competente”; que el ingreso se dio “con la finalidad de realizar la sesión de pleno mediante la cual removieron, ilegal e ilegítimamente, a la presidenta y vicepresidente del CPCCS para usurpar sus funciones”.

Justamente Sofía Almeida ha sido convocada para el próximo 3 de marzo, a las 13:00, para que reconozca su firma y rúbrica en la denuncia y luego rinda versión sobre los hechos que se investigan.

Policía y Fiscalía allanaron el edificio del Consejo de Participación Ciudadana

Con el fin de que puedan acceder al expediente fiscal y ejercer su derecho a la defensa, la Fiscalía dispuso que sean notificados los denunciados. Diario EL UNIVERSO consultó al consejero Francisco Bravo sobre la denuncia e investigación previa abierta en su contra, y él respondió que “no conocía nada sobre el referido tema”.

Por el momento, dentro de la investigación previa dispuesta se ha requerido información de tipo administrativo de las personas denunciadas y sus cargos al Consejo de Participación Ciudadana, a la Asamblea Nacional y al Consejo Nacional Electoral.

La noche del martes 15 de febrero último, un contingente de la Policía Nacional y funcionarios de la Fiscalía General ingresaron al edificio del Consejo de Participación con una orden de allanamiento suscrita por el juez Walter Macías Fernández. Se informaba que el ingreso a las oficinas se dio para recabar elementos que podrían estar relacionados con una denuncia por el delito de acceso no consentido a los sistemas informáticos de la institución.

La denuncia fue presentada por los consejeros Ulloa, Rivadeneira y Bravo. (I)