En el Consejo de Participación Ciudadana, la elección de autoridades de control, sin avances y bajo presuntas ‘irregularidades’

Con el funcionamiento de una mayoría de cuatro vocales en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se espera tener designados entre junio y julio al titular de la Contraloría General del Estado, a los dos vocales –principales y suplentes– del Consejo Nacional Electoral (CNE) y al superintendente de Compañías, Valores y Seguros.

Aunque el reglamento reformado para seleccionar al contralor incorporó una nueva etapa para que los postulantes rindan un examen práctico; y la norma para renovar el CNE está en ‘revisión’, las estimaciones apuntan a terminar los concursos en unos cuatro meses, según Hernán Ulloa, quien preside el CPCCS desde el 9 de febrero pasado tras la remoción de Sofía Almeida.

Ulloa instaló este 21 de febrero una plenaria extraordinaria con Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán, a la que no asistieron Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos. En ella se conoció lo que tildaron de “irregularidades” en el avance de las etapas de conformación de las comisiones ciudadanas de selección del contralor y del CNE, y la revisión de los documentos de tres candidatos a ser la autoridad de la Superintendencia, que se realiza por una terna enviada por el presidente de la República, Guillermo Lasso.

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Los informes fueron desalentadores para los consejeros. Los coordinadores de los equipos técnicos, que se integraron durante la gestión de Almeida, para la revisión de requisitos de los candidatos a ser comisionados ciudadanos, revelaron que los procesos no han avanzado y que no se entregaba información a cada consejero.

Zaidy Mora, por ejemplo, coordinadora del equipo técnico de la designación del defensor público, reconoció que los informes se remitían únicamente a la presidencia del CPCCS, entonces presidida por Almeida, y no a los siete miembros.

Este concurso se encuentra en la definición de los 30 mejor puntuados a ser parte de la comisión ciudadana.

En el caso de la comisión que elegirá al titular de la Contraloría, no ha avanzado de la etapa de admisibilidad de 95 candidatos. Esto, mientras el próximo 15 de marzo concluye el periodo en funciones por el cual fue electo Carlos Pólit y que lo asume en la actualidad Carlos Riofrío como subcontralor.

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Para la selección de los vocales electorales, el proceso no pasa de la aprobación del informe de admisibilidad de los concursantes a ser comisionados. La coordinadora del equipo, Tania Salazar, trataba de explicar por qué se habían tardado casi dos meses en elaborar un informe.

Contó que una reunión se efectuó el 19 de enero y otra el 7 de febrero, y se tardaron porque sus miembros se enfermaron de COVID-19 y se complicó la recolección de las firmas para presentar el informe de 27 solicitudes de reconsideración de la admisibilidad.

En esencia, los retrasos van entre los 40 días y dos meses.

A esto se sumó que se informó que no existían grabaciones de las reuniones (muchas de ellas, por efecto de la pandemia, se hicieron virtuales) o actas del trabajo de revisión de la documentación de los postulantes.

Con este fundamento, el pleno aprobó una resolución para que el departamento jurídico levante un informe de lo avanzado que se expondrá a la sociedad civil para que haga sus observaciones. Aunque, según Ulloa, esto no retrasará el avance de los concursos, pues estarán listos en el término de 24 horas.

“Se han ratificado las irregularidades que se cometieron en cuanto a los procesos de designación de autoridades. No existen registros de nada, no existe información enviada a los consejeros. Se confirmó que no inicia ningún procedimiento para elegir autoridades. Estamos en las fases previas”, aseveró Ulloa.

A su criterio, esto demuestra que no se afecta la seguridad jurídica al realizar reformas a los reglamentos para los concursos públicos, que es uno de los fundamentos del juicio político impulsado desde las bancadas de la Asamblea Nacional de UNES, PSC y algunos de PK en contra de estos cuatro consejeros.

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“Lo que estamos haciendo es quitarles las garras a los concursos y darle transparencia a la ciudadanía. La información se enviará a las organizaciones sociales para que la revisen”, añadió.

La evaluación de la gestión de Sofía Almeida en la presidencia del CPCCS dio paso a la remoción de Enver Aguirre como titular de la Secretaría Técnica de Lucha contra la Corrupción.

Los análisis internos exponían que existen 366 denuncias de presuntos casos de corrupción a los que no se les dio el trámite legal pertinente, por lo que están represados. Además, Aguirre no había presentado informes cuatrimestrales al pleno y había mostrado renuencia a prestar asesoría a los consejeros, según el documento leído en la plenaria.

Por el momento no se designó a un nuevo secretario.

Esta fue la tercera sesión instalada por esta mayoría; Almeida, Dávalos y Rosero no participan al considerar ilegales sus actuaciones desde la sesión del 9 de enero.

Sin embargo, Ulloa no ve “apropiado” enviar una queja o petición a la Asamblea Nacional por la inasistencia de los tres consejeros, y tampoco estaría planificando principalizar a las suplentes Mónica Moreira o Karina Ponce.

“Es la Asamblea Nacional la que debe revisar las actuaciones de cada consejero. Por nuestra cuenta no podemos actuar tomando una acción disciplinaria, es cuestión de cada consejero que conoce sus responsabilidades”, dijo Ulloa ayer, al reiterar que con la presencia de “cuatro presentes se pueden tomar decisiones”. (I)