El 9 de marzo último se cumplió un mes de la crisis interna en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que se inició con la conformación de una nueva mayoría que eligió a Hernán Ulloa en la presidencia y María Fernanda Rivadeneira en la vicepresidencia. David Rosero, quien asumía la vicepresidencia, Sofía Almeida la presidencia y Javier Dávalos se reincorporaron al pleno bajo protesta. Rosero cuenta que volvió para salvar su responsabilidad de la fiscalización que se avizora en la Asamblea Nacional. No reconoce la presidencia de Ulloa, pues aún hay apelaciones en los tribunales de justicia, dijo. Critica a la nueva mayoría que un mes después no ha avanzado en elegir a un nuevo contralor del Estado o sortear a los dos vocales salientes del Consejo Nacional Electoral (CNE). Para él, los cuatro contrarios están cumpliendo el objetivo del Gobierno, que “no era tomarse el Consejo, sino alargar los concursos”. Reconoce que hay intereses políticos detrás de la elección de autoridades, pero la salida está en que haya pluralidad en la participación de los ciudadanos y no de un solo “color”.

¿Qué los motivó a reintegrarse al pleno? Se ausentaron un mes.

He estado dedicado a compartir con las organizaciones, porque la gente necesitaba estar informada de lo que pasó. He recorrido el país para explicar este golpe institucional. Venimos y nos enteramos de que no han avanzado. Ellos tienen la mayoría y los votos y no veo un avance. Una cosa es con guitarra y otra con violín. Es necesario salvar nuestra responsabilidad frente al proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional. Vemos que aprueban reformas a los reglamentos para incrementar los plazos en los concursos, no para agilizar. Con esto tardarán al menos unos cinco meses más. En nuestra planificación se preveía culminar entre marzo y abril la elección de contralor y la renovación parcial del CNE, pero con el golpe institucional y las reformas a los reglamentos se alargan. Ponen pruebas orales que son subjetivas, porque depende de quién califica. Al ponerlo al final del concurso, llama la atención porque pueden incrementarse puntos a quien le falte. Es bastante discrecional y subjetivo.

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En la presidencia de Sofía Almeida y ustedes eran mayoría, tampoco se avanzó. Por ejemplo, los vocales del CNE están prorrogados porque no se hizo el concurso previendo los plazos.

Nosotros avanzamos. Se eligió un vocal del Consejo de la Judicatura, el superintendente de Ordenamiento Territorial… Hubo la pandemia… y quisimos hacer el sorteo del CNE, pero no lo aprobaron. El tema es que el Gobierno está a gusto con las autoridades que están en funciones prorrogadas. Me parece que no es que el pretexto era tomarse el Consejo para elegir autoridades, sino es para que sigan demorando los procesos.

Entre ustedes se acusan de que se negociaban con el Gobierno los concursos. Pero un asesor de Almeida reconoció que se reunía con autoridades del Ejecutivo. ¿Sabía de eso?

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Lo que ha salido en la prensa, en redes sociales, he pedido a la Asamblea que fiscalice estos temas, porque nosotros sí sentíamos una especie de chantaje del Gobierno, porque para que se dé un concurso debe haber recursos. Exigíamos para elegir al contralor, dos o tres oficios…; para el CNE también solicitamos y no llegaron. Ahora quieren hacer como siete. Se viene una avalancha de procesos y no hay capacidad logística. Lo más fuerte es cuando se instalen las comisiones ciudadanas. El Gobierno pone a esta gente para que no designe. Esto es contraproducente para ellos, porque una cosa es conversar, poner límites, coordinar una acción, recursos y logística, pero otra cosa es agachar la cabeza y ‘díganme qué hacer’.

¿El PSC, el correísmo con UNES y el Gobierno tienen intereses en el Consejo por la designación de autoridades?

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Hemos denunciado el autoritarismo de todo color. Al CPCCS transitorio le cuestionamos… Lo que siempre he empujado es que los concursos avancen. Si hablamos de intereses, todos los sectores los tienen. Pero ¿cómo compite en buena lid? Postulándose. Independientemente de la forma de pensar, si cumplen los requisitos, ahí está la cancha de competencia: en los concursos. Todo el mundo debe participar, pero antes participaban solo de un sector. Hicimos un reglamento que permita postularse a cualquier ciudadano, independiente de su forma de pensar.

Tres consejeros de minoría se reincorporan al pleno del Consejo de Participación Ciudadana en medio de reproches e incidentes

¿Entonces, el problema radica en que los grupos políticos pujan por controlarlas?

Aparentemente habría más pluralidad. Sin embargo, la intención es cooptar la comisión ciudadana. Hay un tema direccionado y si no pueden controlar, entonces que no se haga nada o que se demoren los procesos lo más que se pueda. A eso se está jugando y en algún momento, eso va a estallar.

¿Estalla la pugna de las fuerzas políticas?

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Claro, y en todas las instituciones.

¿Y cuál va a ser su posición?

He tenido la posición de denunciar el autoritarismo de antes, y lo que hoy veo es también la concentración de poder. Si soy un demócrata, facilitaría que toda la gente se postule en igualdad de condiciones, que el reglamento tenga parámetros objetivos y no con un examen práctico discrecional.

Esta pugna se reveló por la designación del contralor. ¿Cómo ve que desde la Asamblea Nacional, el PSC y el correísmo sean quienes defiendan a Almeida, Javier Dávalos y a usted, que ha sido un crítico de esos grupos políticos?

Sí, los hemos criticado y no hemos perdido esa capacidad de crítica. Hemos dicho antes y después todas las cosas que hicieron… Pero aquí, por lo menos hay una pluralidad para que la gente pueda participar, independientemente del color pueda participar. ¿O cerramos la banda a no hacer nada, o a esperar que el Gobierno controle todas las instituciones para ahí empezar a hacer?

QUITO (09-03-2022).- Sofía Almeida (c), David Rosero (i) y Juan Javier Dávalos (d) se reintegraron a sus funciones en el CPCCS, después de mantenerse ausentes por un mes en rechazo a la presidencia de Hernán Ulloa. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: API

Si esa es su postura, por qué no fue ese punto medio entre las dos minorías.

Porque la intención era controlar todo e imponer las cosas. Ahora tienen todo y esperaría que avance, pero al contrario, hay una avalancha de concursos que se viene. A veces, esto de las mayorías ha generado que se pongan a ver, talvez el puesto, el espacio, no el tema institucional. No permite un despegue de los procesos. Hernán Ulloa como abogado tiene sus conocimientos, pero no ha administrado ni una tienda. Esto se trata de administración pública, no sé ni cómo va a Carondelet a pedir recursos.

¿Cuál es la salida?

Lograr consenso y pluralidad. Nadie podría decir que es la fuerza hegemónica para imponer todo. Gobierno y oposición, nadie podría decir que es la fuerza social o política que impone; y, como no hay esa capacidad, debería haber el consenso y pluralidad. En el caso de los concursos, que se postulen en igualdad de condiciones, que la información sea transparente. Si la idea del Gobierno es actuar de forma autoritaria y chantajear con juicios, va a llegar a un momento de tope. Esa estrategia no le está funcionando y va a estallar por el lado social por problemas no resueltos o la crisis institucional. O por los dos lados. Rafael Correa en sus mejores momentos hacía y deshacía, pero Guillermo Lasso no puede pretender hacer lo mismo, porque no son las mismas coyunturas ni tiene el mismo respaldo. Entonces, llego a un consenso con pluralidad. Aquí se metieron y siento que estoy viviendo lo mismo. La idea es la misma, pero puesta en práctica es burda.

La imagen del Consejo decae constantemente, por lo que sucedió con José Tuárez, luego Christian Cruz y ahora esta crisis interna.

Ha habido una falta de comprensión de lo que acarrea ser consejero. En quienes dirigían por envalentonarse con un poco de poder o hacer travesuras… Creo que la mejor herramienta es la del consenso y pluralidad, porque lo otro es entregar a cualquier fuerza de turno que venga. (I)