Plan Fénix de Daniel Noboa podría encontrar propuestas en una estrategia nacional que dejó lista Guillermo Lasso

El denominado Plan Fénix en el que trabaja el gobierno de Daniel Noboa Azín para contrarrestar la violencia criminal podría encontrar coincidencias con una estrategia que se quedó madurando en la administración de su antecesor Guillermo Lasso. Las dos, enfocadas en fortalecer los sistemas de inteligencia y el control en las cárceles.

Luego de dos años y medio de estar en la Presidencia, a menos de dos días para dejarla, Guillermo Lasso intentó -sin éxito- presentar una Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada 2023-2030 (ENDO), en la que colaboraron la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) y delegaciones de la Unión Europea, del Gobierno de Italia y del Reino Unido.

El Ministerio del Interior que lo presidía Juan Zapata convocó a la presentación del documento de 126 páginas un 20 de noviembre, pero sin explicaciones el acto no se realizó y pasó inadvertido en medio de la posesión de Daniel Noboa.

El informe plantea siete objetivos, 18 subojetivos, 27 líneas de acción y 113 actividades para hacer frente al crimen y expone la delicada situación en la que se encuentra el Ecuador y que hereda Noboa.

Por ejemplo, de entre diez países de América del Sur y Centroamérica, se revela que Ecuador registra una tendencia ascendente de la violencia, que en el 2021 reportaba una tasa de homicidios de 13,7 por cada 100.000 habitantes y, en el 2022 pasó a 26,7.

En el 2022, las muertes violentas fueron de 27 por cada 100.000 habitantes, es decir, 4.860. Al contrastar con el 2021 hubo un aumento del 93,2 %, «lo que posiciona al país como el de mayor crecimiento de violencia en América del Sur», en el que los homicidios con armas de fuego se incrementaron en un 121%, pasando de 1.824 a 4.039 del 2021 a 2022.

Para María Fernanda Noboa, especializada en temas de seguridad e inteligencia, este es un plan estratégico marco para direccionar planes nacionales que estaría «bien logrado» por el apoyo de la Undoc y la Unión Europea.

Tiene estadísticas de las que podría nutrirse Daniel Noboa y «debería tomar en cuenta para cuando vaya a desarrollar su proyecto de inteligencia», aunque considera que no integra una cartografía real de las amenazas.

«De lo que se conoce del Plan Fénix, incorpora acciones operativas y tácticas, pero no son estratégicas», dijo Noboa, aunque cuestiona que la estrategia esté conducida solo hasta el 2030, pues debería tener una prospectiva al 2040, 2050 y 2070 «con una visión estratégica y no coyuntural».

Esto en un contexto en el que hay una efervescencia de la gobernanza criminal, considerada como un orden social paralelo al Estado en el que los grupos delictivos dan servicios básicos, bienes, seguridad, participan de la resolución de conflictos y en la administración de justicia, cita la ENDO.

Estas se han adentrado en la gestión de recursos económicos, urbanísticos y geográficos para replegar la presencia estatal y desarrollar patrones de convivencia con la población.

Lo hacen a través de once Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) que están desplegados en 20 de las 23 provincias, sin contar con Galápagos. De las once, nueve estarían operando en la provincia del Guayas. Estas son:

1. Los Tiguerones
2. Gángsters
3. Águilas
4. Fatales
5. Choneros
6. Lobos
7. Lagartos
8. Mafia 18 Tiburones
9. Chonekiller
10. Latin King
11. R7

Para evaluar estas amenazas se trabajó en talleres con 159 delegados y 20 instituciones públicas, que con base en encuestas y procesamiento de información, se concluyó que el 61 % creen que la delincuencia organizada «está infiltrada en los órganos públicos, entidades financieras y medios de comunicación».

La propuesta busca desarrollar un tipo de «Inteligencia Penitenciaria», acogiendo la experiencia de Italia para recopilar, analizar, publicar e interpretar información que se obtenga del interior de los centros de rehabilitación para tomar decisiones y prevenir incidentes.

Otra táctica sería fomentar «Centros de Fusión» para intercambiar información e inteligencia, que vaya más allá de crear un centro de inteligencia o una red informática e incluye a la Policía y Fuerzas Armadas, la seguridad pública y el sector privado.

Como un modelo de gestión para la gobernanza, se proponía conformar un Comité Interinstitucional contra la delincuencia organizada que la integrarían los ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, de la Mujer, la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, Centro de Inteligencia Estratégica, el SNAI, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura.

Pero existen otras debilidades. La exministra del Interior, María Paula Romo, considera que los ejes principales son fortalecer los sistemas de inteligencia, emitiendo una ley de inteligencia que actualmente no existe y que la había propuesto el expresidente Lenín Moreno.

«Esto debería convertirse en una prioridad. ¿Cómo tener una inteligencia que haga bien su trabajo sin una regulación? Ahora funciona sin ley y probablemente hubo un momento en el país en el que interesaba que funcione sin ley», dejó entrever Romo.

Otro hecho que debilita las acciones y que le pasó una «factura cara» a Lasso, fue el abandono del Ministerio del Interior.

Lasso decidió separar el Ministerio de Gobierno del Interior y planteó su fusión, que hasta el momento no se concreta.

«Cuando Lasso decide separar, le sacan al Ministerio del Interior como si fuera un apéndice. Le dejan sin presupuesto, sin edificio y, por primera vez en 200 años lo sacan de la Presidencia. Nunca se había debilitado así. Este ministerio es importante porque es el mando civil sobre la Policía, es el control del gobierno sobre la Policía y se lo ha ido convirtiendo en una especie de coordinador y no de mando», cuestionó Romo.

El presidente Noboa mantiene la división del Ministerio del Interior del de Gobierno, y a los dos con una sola ministra: Mónica Palencia.

Su administración maneja con hermetismo su política de seguridad, que estaría sujeta a este Plan Fénix, que buscaría dotar de armamento y tecnología para los policías y militares; la construcción de cárceles de máxima seguridad con cooperación de Israel, pero también del Gobierno de Italia, como lo proponía la ENDO.

Antes de asumir la Presidencia, Noboa viajó a Italia para conocer experiencias sobre los controles en puertos, políticas contra el lavado de activos y manejo de centros carcelarios.

De ese país había conocido los resultados de la Euresp, un programa trabajado con la Unión Europa para fortalecer el sistema penitenciario ecuatoriano, que se inició en septiembre del 2022 y contó con un presupuesto de 2′500.000 euros.

Con la cooperación de Israel, Noboa planearía llevar a cabo la construcción de cárceles de máxima, supermáxima seguridad y para delitos menores.

Mientras tanto, plantaría barcazas carcelarias para trasladar a los presos de alta peligrosidad.

María Fernanda Noboa considera que focalizarse solo en cárceles puede ser un error, porque «no solo en las cárceles están los ecosistemas criminales, pues si bien salen de ahí las órdenes de actos delictivos, se replican a otras partes del territorio buscando otras bandas criminales que dan esos servicios».

«Como solución para vender política y nombre pueden ser momentáneas hasta que se construyan las megacárceles. Pero en la línea de tiempo, ¿en un año va a construir una cárcel o se va a gastar la plata de un presupuesto que no existe en barcazas que son de altísimos costos? Soñar no cuesta nada, pero sin voluntad política y sin plata no se puede hacer nada», opinó la analista.

A su criterio, debe constituirse una agencia nacional de inteligencia que produzca información a niveles de conducción estatal que se alimenten de la inteligencia militar, policial, financiera, estatal.

María Paula Romo cree que hay expectativa por conocer el plan Fénix, pero le preocupa un polémico anuncio: la carta de un grupo criminal que llegó a las manos de Daniel Noboa buscando negociar ‘por la paz’.

«No conocemos si se habría dado respuesta a esa carta, pero nos lleva a discutir el tema, sobre si debe un Gobierno negociar con una organización criminal. Creo que no», enfatizó, porque eso sería «una especie de rendición del Estado».

Para ella las acciones operativas deberían buscar detener a los delincuentes de las bases y sobre todo a las cabezas y extinguir el dominio de sus bienes, porque «el crimen organizado funciona como una empresa criminal y si reemplaza al gerente, sigue funcionando porque tiene un mercado, productos, un patrimonio. Es necesario quitarles los recursos».

Otra política es la de «mensajes contundentes», como reformar la Constitución para incorporar la extradición, pero «no la negociación».

«En Ecuador se dieron mensajes de impunidad graves. Como las amnistías disfrazadas del 2019, que se dieron incluso en casos de secuestros, tráfico de tierras; mientras, a la Policía se la censuró, se la sancionó por usar bombas lacrimógenas. Y otras reformas legales que debilitaron el sistema respecto del uso de la fuerza en situaciones de riesgo», indicó.

El miércoles pasado, el presidente Noboa reveló pistas de lo que podría incluir su plan de trabajo, entre ellas, exponer en un acto de ‘vergüenza pública’ a jueces, fiscales y otras autoridades que dejen en libertad a los delincuentes.

El exsecretario de Seguridad Wagner Bravo recordó que en el régimen de Lasso se aplicó esta acción, pero «no tiene un efecto real porque se ha perdido la ética y responsabilidad, dicen que la vendetta pública los va a cuestionar, pero esas personas forman parte del crimen organizado». (I)