Corrupción en Ecuador, la ‘otra pandemia’ que hereda el gobierno de Guillermo Lasso

Desde los tramitadores que merodean las instituciones públicas a la caza de “clientes” hasta los grandes negociados que se cierran en lujosas oficinas y complejas transacciones transnacionales, las redes ilegales para el desvío de fondos del Estado siguieron operando durante la administración de Lenín Moreno y ahora están entre los mayores desafíos del gobierno de Guillermo Lasso.

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El negocio petrolero, la seguridad social, la adquisición de insumos médicos para la pandemia… son solo una parte de una herencia que ha pasado de gobierno a gobierno sin que pueda ser erradicada: la corrupción.

Si bien son más las investigaciones inconclusas que las sentencias obtenidas, las estadísticas de los organismos de control dan cuenta de un Estado que -en su conjunto- no pudo evitar la aparición de nuevos escándalos ni resolver los viejos, y que tampoco logró frenar la pérdida de millones de dólares.

Los casos en la Fiscalía

De acuerdo con la última rendición de cuentas de la Fiscalía, presentada hace dos semanas, las seis fiscalías de fuero de Corte Nacional -es decir, indagan a las máximas autoridades del Estado- abrieron hasta el 31 de diciembre del año pasado 158 expedientes, de los cuales 126 están en investigación previa, 28 en instrucción fiscal y solo 4 cuentan con sus respectivas sentencias.

De ese grupo, 60 personas han sido procesadas, 30 sentenciadas, 6 declaradas inocentes y una llamada a juicio. El total incautado el año pasado por estos procesos fue de $ 31 millones.

Las otras dos áreas a cargo de temas vinculados al mal manejo de fondos estatales son la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y la Unidad Antilavado de Activos, ambas con 150 investigaciones previas y 14 instrucciones fiscales.

Cada una de estas unidades tuvo el aporte de la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria (FTM), creada en junio del año pasado para investigar las denuncias de corrupción en el marco de la pandemia. A partir de esta instancia, se han abierto 96 procesos: 82 en investigación previa y 14 en instrucción fiscal.

En su sitio institucional, la Fiscalía destaca los siguientes procesos, a los que llama “casos de connotación”.

• Caso Sobornos 2012-2016. Delito: cohecho. Investigación sobre aportes irregulares que habrían efectuado contratistas del Estado, a través de dinero en efectivo o cruce de facturas, en beneficio de Alianza PAIS, recibidos por altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa.
• Caso Singue. Delito: peculado. Investigación con base en un examen especial de Contraloría al contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el bloque Singue (Sucumbíos). Luego de las pericias se determinó un perjuicio de $ 28,4 millones.
• Caso Diacelec. Delito: lavado de activos. Caso derivado de uno de los procesos abiertos tras el escándalo de las coimas pagadas por Odebrecht (que llevó a la cárcel al exvicepresidente Jorge Glas). La Fiscalía investigó y consiguió una sentencia contra dos empresarios y una empleada de Diacelec. El perjuicio fue de $ 14,6 millones.
• Caso María Alejandra Vicuña. Delito: concusión. La investigación se abrió el 28 de noviembre de 2018 por posibles cobros irregulares a un asistente de la exvicepresidenta entre 2011 y 2013, cuando ella era asambleísta por el movimiento Alianza PAIS.
• Caso Norma Vallejo. Delito: concusión. La Fiscalía inició una investigación por concusión en contra de la entonces asambleísta, luego de varias denuncias en las que se señalaba que ella cobraba a sus exasesores montos entre $ 150 y $ 300 para permanecer en sus cargos.
• Caso Senagua. Delito: peculado. Se investigan irregularidades cuando Walter Soliz estuvo al frente de la Secretaría Nacional del Agua. Se determinó un posible perjuicio para el Estado de $ 2,4 millones.
• Caso Hospital de Pedernales. Delito: delincuencia organizada. Fiscalía investigó a 19 personas, pero hasta el momento 10 han recibido una sentencia condenatoria (el exasambleísta Daniel Mendoza y el exdirector del Secob René Tamayo, entre otros) y dos (Eliseo Azuero y Jorge Jalil) se encuentran prófugos y no han sido sentenciados.
• Caso Daniel Salcedo. Delito: peculado, asociación ilícita, fraude procesal y lavado de activos. Se abrieron cuatro procesos contra Daniel Salcedo, todos relacionados con irregularidades en la comercialización de insumos médicos en hospitales, durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
• Caso Pruebas COVID-19–Agentes AMT. Delito: delincuencia organizada. El grupo de procesados habría planificado y ejecutado actividades delictivas entre noviembre de 2019 y agosto de 2020 (en Quito y Guayaquil), con el fin de obtener beneficios económicos, a partir de la comercialización de pruebas para COVID-19 y de mascarillas, en medio de la emergencia sanitaria.
• Caso pruebas COVID-19 Municipio de Quito. Delito: peculado. En abril de 2020, la Secretaría de Salud del Municipio de Quito contrató con la empresa Salumed S. A. la compra de 100.000 pruebas PCR para la detección de COVID-19 a un costo de $ 4,2 millones. No se habrían cumplido con las especificaciones técnicas solicitadas y, aun así, fueron aceptadas. En este caso está llamado también el alcalde Jorge Yunda.
• Caso Las Torres. Delito: delincuencia organizada. En junio de 2019, José Raúl De la Torre y Roberto Barrera fueron detenidos en Estados Unidos por lavado de activos. Con esta información, la Fiscalía inició una investigación previa y determinó indicios que vinculan al contralor subrogante, Pablo Celi, al exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones (quien apareció muerto en su celda este fin de semana) y a familiares de ambos, para el cobro de coimas, correspondientes a contratos suscritos entre EP Petroecuador y la empresa NoLimit S. A., entre 2017 y 2020.

Para el periodista de investigación Christian Zurita, uno de los primeros en publicar la corrupción del periodo de Rafael Correa, así como el caso INA Papers, que involucra a Lenín Moreno y a su familia, las redes de corrupción en las altas esferas están intactas.

“Son mafias que viven de una suerte de vasos comunicantes que, a pesar de los escándalos o casos específicos, han venido funcionando de un gobierno a otro… La estructura ya está instalada y eso permite condiciones para que la historia se repita”, dice.

Aunque INA Papers no está en la lista de los “casos de connotación” de la Fiscalía, no está cerrado y se encuentra en etapa de investigación previa, con cerca de 200 cuerpos y más de 100 diligencias. Poco antes de dejar Carondelet, el expresidente Lenín Moreno aseguró que “todas las acusaciones se han ido desvirtuando”. No obstante, la indagación de los fiscales continúa.

Glosas y un millonario perjuicio

Una segunda instancia que revela la magnitud de la corrupción en Ecuador es la Contraloría General del Estado, que a través de sus auditorías establece el perjuicio al Estado en distintos procesos de contratación pública.

Entre enero de 2017 y mayo de este año, la institución aprobó un total de 1.157 informes con indicios de responsabilidad penal y 7.734 exámenes especiales generales. Además, emitió 429 solicitudes de destitución de servidores, tanto del Gobierno central como de los organismos seccionales, debido al mal uso de los recursos del Estado.

Los montos por determinación de responsabilidades en estos últimos cuatro años superaron los récords de auditorías anteriores. Se establecieron glosas por $ 2.933 millones y multas por $ 25 millones.

Una lluvia de denuncias

A la par de lo que han realizado los organismos de control, varias organizaciones sociales, periodistas y políticos denunciaron negociados y anomalías en la gestión del dinero público, tanto en las instituciones del Gobierno central como a nivel local, en las provincias y municipios.

Una muestra es la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) que solo entre 2019 y 2020 pidió que se investigue, entre otros casos, posibles irregularidades en la Prefectura del Guayas, por la firma de contratos con “empresas fantasmas”, y en las gerencias de los hospitales públicos (del Ministerio de Salud y del IESS), por la adquisición de insumos médicos con sobreprecios y sin permisos sanitarios ni registro sanitarios.

Luego de las auditorías realizadas por la Contraloría, el año pasado se enviaron a la Fiscalía 256 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP), de los cuales 208 fueron casos ordinarios, 33 se enmarcaron en el fuero de Corte Provincial y 10 en el de Corte Nacional. Derivados de la FTM hubo cuatro reportes.

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), cree que el desafío para el nuevo presidente es enorme. “La situación es muy complicada, pues la corruptela empezó a convivir con la estructura social ecuatoriana y la justicia y la Fiscalía son demasiado lentas. La muletilla de “la cirugía mayor contra la corrupción” solo fue electoral; no hubo, por ejemplo, una real recuperación del dinero de la corrupción. Creo que en este sentido, Lenín Moreno se va en deuda con el país”.

Sin embargo, la Fiscalía ya no da abasto -su capacidad operativa y económica está desbordada- frente a la avalancha de denuncias y pedidos para que se abran indagaciones.

Caos en los entes de control

Los esfuerzos de la lucha contra la corrupción atraviesan un mal momento, pues las instituciones encargadas de la vigilancia y el control también han sido víctimas del mismo mal que pretenden controlar.

El contralor subrogante, Pablo Celi de la Torre, a cargo de custodiar el buen uso de fondos públicos, se encuentra detenido para investigación por su probable participación en el caso Las Torres, una vez que su sobrino José Raúl De la Torre confesó en Estados Unidos sobre el pago de coimas alrededor de contratos en Petroecuador.

Celi -que sustituyó a Carlos Pólit, prófugo del caso Odebrecht- ha insistido, a través de un comunicado, en su inocencia y se encuentra a la espera de que las investigaciones avancen. No obstante, a partir de su captura, la Contraloría es el escenario de disputas internas y acusaciones cruzadas entre la gente más cercana a Celi y un grupo de detractores conformado por funcionarios de la institución, con el auspicio de abogados externos.

En la Fiscalía también hay irregularidades puertas adentro. Desde que se puso en marcha el Buzón de Transparencia, en mayo el 2020, para que la ciudadanía señale actos de corrupción cometidos por servidores de la FGE, se han receptado 260 denuncias. Guayas es la provincia con mayor número de casos (102) para investigaciones internas, seguida por Pichincha (61) y Manabí (14). Todas están en marcha.

De igual manera, el Sistema de Gestión Documental de la Fiscalía recibió 135 denuncias de irregularidades de funcionarios de la institución.

En el Poder Judicial pasa una situación similar. Entre 2017 y mayo de 2021, el Consejo de la Judicatura ha destituido a 36 servidores por casos de corrupción.

El control político también está en entredicho. La Asamblea Nacional, que ha utilizado a la Comisión de Fiscalización para seguir las denuncias de corrupción, tuvo serios cuestionamientos debido a la idoneidad de sus integrantes en asuntos judiciales.

De los 137 asambleístas que ejercieron sus funciones entre 2017 y 2021, 34 dejaron el cargo todavía con investigaciones pendientes en la Fiscalía. Los delitos por los que se los había llamado: concusión, cohecho, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, oferta de tráfico de influencias, asociación ilícita, peculado, tráfico de influencias y usurpación y simulación de funciones públicas.

La ayuda internacional para lucha contra la corrupción solo se cristalizó en las asistencias penales obtenidas por la Fiscalía y en los juicios que se llevaron a cabo, por ejemplo, en Estados Unidos por los sobornos y lavado de activos detectados alrededor de Petroecuador, Odebrecht o Seguros Sucre.

Sin embargo, de ahí no pasó. Germán Rodas cuestiona la falta de gestión y decisión política para contratar a alguna empresa internacional que rastree los fondos desviados.

La comisión de expertos que llegó al país para apoyar los esfuerzos anunciados en las ruedas de prensa tuvo que abandonar su objetivo, tras lo cual la iniciativa quedó truncada. Y no solo eso, sino que ahora sus integrantes exigen al Estado que les pague valores adeudados. “Tantas jornadas de trabajo y viajes al Ecuador, habernos utilizado para ellos lavarse la cara diciendo que estaban haciendo algo en contra de la lucha contra la corrupción, y ni siquiera haber cumplido con el pago de los honorarios y viáticos ofrecidos”, reprochó Claudia Escobar, parte de los cinco comisionados.

Guillermo Lasso ha empezado su gobierno con el anuncio de que los funcionarios deberán cumplir un código de ética; sin embargo, los retos son mayores, sostienen los analistas, pues los vasos comunicantes siguen operando. Sin descanso. (I)