A poco más de dos años de que fueron llamados a juicio por el delito de delincuencia organizada el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley y tres personas más, procesadas por supuestas irregularidades en la comercialización de mascarillas y 21.000 pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19 en pandemia, un tribunal de juzgamiento de Pichincha llama a audiencia para el 20 y 21 de febrero próximos.

En todo este tiempo, múltiples pedidos de diferimiento por temas relacionados con las defensas, la salud de los procesados o la integración de la sala no han permitido que se instale por al menos seis veces esta diligencia. El 15 de febrero último, la defensa del exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro Berrones buscó que se difiriera la audiencia, pero recibió un inmediato no de los jueces penales.

En su respuesta, el tribunal señaló que debe cumplir su labor de administrar justicia con celeridad y garantizando el plazo razonable en la solución de los conflictos jurídicos, y que no puede estar supeditado a las circunstancias personales de los sujetos procesales.

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Juzgamiento en caso Bucaram por delincuencia organizada aún sin fecha; la Corte Nacional inició el tramite para extraditar desde Perú a una de las procesadas

“El plazo razonable como una garantía constitucional significa que los justiciables tienen derecho a que los tribunales resuelvan las controversias que plantean ante ellos dentro de los plazos señalados por el legislador. En ese sentido, (el pedido) contribuye a extralimitar el plazo que establece el ordenamiento jurídico e impide que se garanticen los principios de la debida diligencia y celeridad que garantiza la carta fundamental del Estado. Bajo esta misma línea, las personas procesadas tienen el derecho de recibir un servicio judicial célere, oportuno y eficiente”, se explica en la providencia para negar el pedido de diferimiento.

El tribunal de juicio está conformado por los jueces provinciales Silvana Velasco (ponente), Catterine Vásquez y Pablo Cello. En octubre de 2021, el juez de Pichincha Geovanny Freire llamó a juicio por delincuencia organizada a Berrones, el israleí Sheinman Oren y la peruana Orietta Isabel Marengo. En cambio, en esa misma audiencia fueron sobreseídos los dos Bucaram y los ecuatorianos Bryan P. y Verónica A.

Debido a esos sobreseimientos, el caso subió a apelación por pedido de la Fiscalía y un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha los levantó para Abdalá y Jacobo Bucaram y ratificó los dados a los otros dos sospechosos.

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Con Abdalá Bucaram Ortiz y Jacobo Bucaram Pulley son cinco las personas que enfrentarán una audiencia de juzgamiento por delincuencia organizada

Audios, pericias y cotejamientos serían parte de la prueba calificada de contundente que mantiene contra los acusados la fiscal Lidia Sarabia. Por su parte, la defensa del expresidente ha reiterado que no existen elementos que lo relacionen a él o a su hijo con el ilícito acusado, y cree que la motivación del procesamiento penal viene desde lo político.

El llamado a la etapa de juzgamiento solo incluye a los dos Bucaram, el exagente Berrones y el israelí Sheinman Oren, quien actualmente se presenta periódicamente ante la autoridad competente. Marengo fue detenida el 10 de marzo de 2022 en Lima (Perú) por agentes de la Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) de ese país, y se le inició un proceso de extradición que aún no concreta su retorno a Ecuador para que comparezca a la etapa de juicio de este caso.

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El tribunal llamó a las partes procesales para los días 20 y 21 de febrero, desde las 08:30. (I)