La criminalidad sorprendió a una ‘débil’ institucionalidad en el área de la seguridad

La corrupción, los recortes presupuestarios, la injerencia política y de los grupos delictivos vinculados al narcotráfico serían las principales causas del debilitamiento de la institucionalidad del sistema de justicia y de rehabilitación social que ha llevado a una «guerra» entre el Estado y el crimen organizado.

A los 50 días de gobierno, Daniel Noboa Azín se vio forzado a declarar al país en un conflicto armado interno que lo ha singularizado como una «guerra» en contra de 22 grupos de delincuencia organizada (GDO) a los que reconoce como terroristas y, por tanto, objetivos militares.

En cuatro días se produjo una crisis carcelaria con la fuga de presuntos cabecillas de GDO, acompañada de actos delictivos en las calles y a un medio de comunicación, TC Televisión, que fue el detonante.

La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, atribuye esta crisis al empoderamiento del narcotráfico en las instancias del Estado en el que se fueron gestando «grupos terroristas».

«Todo esto comenzó muchos años atrás, este fue un proceso de podredumbre social, política, en donde el crimen se fue apoderando de todas las instancias, incluso, las de Gobierno. Lo que sucede es que estaban acostumbrados a que venían los estados de excepción, después negociaciones por la paz y todo volvía a estar aparentemente en paz, sin solucionar los problemas de fondo», explicó Palencia en una entrevista radial.

La funcionaria dijo que esta es una historia que fue creciendo en el gobierno del expresidente Rafael Correa, «en donde se empezaron a realizar pactos con personas con las que nunca debieron hacerse pactos con aparentes acuerdos de paz que fueron la entrega del país».

Lo que experimenta en la actualidad el Ecuador fue percibido en el 2021 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando una delegación arribó al país para hacer un monitoreo tras los asesinatos registrados en las cárceles que dejaron más de 300 muertos.

El organismo detectó el debilitamiento de la institucionalidad, que es «resultado de una serie de medidas de gestión gubernamental animadas por el recorte del gasto público y la precarización de recursos humanos y materiales, de una parte; y de otra, por la expansión del fenómeno de la corrupción a todos los niveles», señaló en su informe.

Una de las causas, la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el 2018.

En el 2006, la Función Ejecutiva en el área de seguridad estaba conformada por el Ministerio de Gobierno y Policía; el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y, el Consejo Nacional de Rehabilitación Social y la Dirección Nacional de Rehabilitación Social.

Con la llegada de Rafael Correa al poder se constituyó, en el 2007, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que sea el ente rector del sistema carcelario.

Diluyó el Ministerio de Gobierno y creó los ministerios Coordinador de la Política o la Secretaría de Gestión de la Política, para que se encarguen de las relaciones con la sociedad civil.

Se integró un Ministerio del Interior que estaba sobre la Policía; y, en 2009, se levantó un Ministerio Coordinador de Seguridad que encabezaba el gabinete de esa área, de la que eran parte la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), el Ministerio de Justicia y los ministerios del Interior y Defensa.

Esa estructura se mantuvo hasta el 2017 cuando terminó su periodo y lo sucedió el exmandatario, Lenín Moreno, quien eliminó los ministerios coordinadores, empresas públicas y varias secretarías por una optimización y reducción del Estado por la crisis económica.

Moreno retomó la figura del Ministerio de Gobierno, y la Senain pasó a llamarse Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

Fueron 29 entidades las eliminadas, entre ellas, el Ministerio de Justicia, que fue reemplazado por la Secretaría de Derechos Humanos.

Para el control en cárceles se creó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), como una entidad adscrita al Ejecutivo.

Con el expresidente Guillermo Lasso se mantuvo el SNAI y dio paso a la creación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.

Dividió el Ministerio de Gobierno para crear el del Interior, proceso que aún no concluye. Al gabinete le sumó una Secretaría de Seguridad Pública y del Estado.

Su sucesor, Daniel Noboa, mantiene la separación de los ministerios de Gobierno y del Interior, que están presididos por Mónica Palencia. También siguen existiendo el CIES y el SNAI; y la Secretaría de Seguridad Pública, a la que ha decidido extinguirla por austeridad.

Esa inestabilidad ha llevado a un debilitamiento institucional, según la CIDH, pues «el SNAI se constituye como un servicio, no tiene rectoría ni presencia territorial en comparación con un ministerio; no cuenta con planificación», describió en su informe.

Consideró la ausencia de política criminal, pues el Gobierno se dedica a profesionalizar a las fuerzas policiales, aumentar el catálogo de delitos, endurecimiento de penas y no hay acciones para la reinserción social, sino altos niveles de encarcelamiento y la construcción de megacárceles; e insuficiente presupuesto.

En esencia, «la ausencia de una institucionalidad sólida por la desarticulación del Ministerio de Justicia que administre y gestione recursos y los centros penitenciarios, ha facilitado la corrupción, la violencia entre grupos criminales en las cárceles y la consecuente pérdida del control de los centros».

A diciembre del 2023, el SNAI tiene 4.179 funcionarios, de los que son parte los miembros del Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria.

El presupuesto anual del año pasado ascendió a los $ 126′570.024 de los que $ 109′453.942 son gasto corriente, que se destina habitualmente al pago de salarios y el restante, para inversión.

El mismo SNAI reconoce que el cambio de institucionalidad que sufrió el sistema otorga la rectoría a un órgano colegiado (integrado por los delegados de los ministerios del área social, económica y de seguridad) y le deja «únicamente con la gestión, seguimiento y control de los planes, regulaciones y políticas».

Esa política pública fue cuestionada por la Corte Constitucional (CC), que en uno de autos de seguimiento de sentencias señaló que hay una «falta de política pública integral por parte de los organismos competentes, tanto para seguridad como para rehabilitación social».

Para el abogado penalista Carlos Poveda, este debilitamiento estatal no es nuevo, pues «siempre ha existido la injerencia de los poderes económicos, políticos y ahora, de este tipo de situaciones relacionadas al narcotráfico».

La consecuencia: el SNAI funciona como un apéndice del Ejecutivo, lo que hace necesario la creación de un ministerio que impulse la construcción de cárceles, logística, coordinación con los órganos judiciales, rehabilitación y reinserción.

«El SNAI es como una dirección y se da un empoderamiento de las bandas criminales a tal punto de que los pabellones están repartidos por las bandas, lo que les produce réditos económicos», lamentó Poveda.

A lo que se suma que se requiere personal especializado, como criminólogos o una unidad de policías civiles que se encarguen de las investigaciones en el Centro de Criminalística que «no que responda a la Policía por las jerarquías en sus filas, ejemplificó.

«Los gobiernos recurren a expolicías o exmilitares para liderar estos organismos y lo que se necesita es un criminólogo, experto en procesos de rehabilitación y reinserción. Ese es otro error, pues ahí están los resultados de autoridades de la fuerza pública convertidos en subordinados de los criminales. Tener solo un servicio de atención es una debilidad lo que lo hace fácil de ser cooptado», agregó el jurista.

El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña, opina que las instituciones han abandonado sus objetivos y entre instituciones se «lanzan la pelota sin asumir cada una su error».

No obstante, el problema es la falta de independencia judicial. «Lo que estamos viviendo hoy es una consecuencia de decisiones pasadas, lo que ha hecho que de una u otra manera cada institución no ejercite sus obligaciones».

También, el desinterés de implementar una política criminal con expertos que definan lo adecuado, dijo Ocaña, quien lamenta que las cárceles sean como las “universidades del crimen” de las que los presos «salen con mejores herramientas para delinquir y en donde no existe una supervisión sobre las conexiones digitales que permite que se den órdenes desde las cárceles».

Desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo hay un criterio similar. Su director, Mauricio Alarcón, considera que este asunto no se circunscribe solo a la seguridad, «lo cierto es que una de las causas para haber llegado a esto es la débil institucionalidad. Hay una justicia que deja en impunidad a quienes forman parte del crimen organizado, la fuerza pública, permeada del narcotráfico, y los que deberían controlar no lo hacen porque forman parte del círculo del poder».

Los débiles controles, como de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), hacen -añadió Alarcón- que el país se convierta en el paraíso del lavado. «Este es un problema estructural y no se está atacando a una de las razones: la debilidad institucional, la fractura del Estado de derecho». (I)