Un día después que la procesada en el caso Metástasis Mayra Salazar aseguró que el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo Muentes controlaba y apoyaba políticamente a tres vocales que hacían la mayoría en el Consejo de la Judicatura (CJ) y, en contraparte, él y el partido al que pertenece recibían cuotas o puestos en el CJ, mediante un comunicado, la directiva nacional del PSC rechaza las “calumnias” proferidas por “detractores”.

En el comunicado publicado que se colgó este viernes, 29 de marzo, en la cuenta oficial de la red X del PSC se asegura enfáticamente que las declaraciones y acciones individuales no involucran al PSC. “Nuestros detractores gratuitos se han atrevido a mencionar un supuesto control del partido en el Consejo de la Judicatura a cambio de favores. ¿Control? Si el PSC tuviera ese control, no sostendría desde hace varios años que el CJ nunca debió existir, ni tampoco hubiese actuado como lo hace desde el 2022, proponiendo y auspiciando todos los juicios políticos para lograr la destitución de sus integrantes: Wilman Terán, Juan José Murillo, Xavier Muñoz, Fausto Murillo y Maribel Barreno”.

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En su testimonio anticipado, Salazar, comunicadora institucional de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, procesada por el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis, señaló que el entonces legislador socialcristiano Muentes manejaba a la mayoría de los vocales del CJ, es decir, al en ese momento presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y a los hoy vocales titulares Xavier Muñoz y Maribel Barreno.

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Que esa relación era un ganar ganar, dijo Salazar, pues, por un lado, los tres integrantes del CJ recibían el apoyo político de “Muentes y del PSC”; a cambio, Terán, Muñoz y Barreno les daban “cuotas” en el Consejo de la Judicatura. Prueba de ello, afirmó, fue que a ella Pablo Muentes le consiguió, por medio de Wilman Terán, el nombramiento en Guayas, y también a Mercedes Villarreal como directora del CJ en la provincia del Guayas.

Actualmente, Villarreal es investigada por la Fiscalía dentro del denominado caso Purga. Ella sería parte de la organización criminal que estuvo liderada por el exlegislador Muentes y que buscaba incidir en servidores judiciales de la provincia del Guayas para obtener fallos que les convenían. Villarreal habría realizado cambios de jueces y archivado varios sumarios administrativos que mantenía, por ejemplo, Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte del Guayas y otra de las líderes de esta estructura delictiva investigada por el delito de delincuencia organizada.

“¿Favores? El PSC en ninguna parte del país ha nombrado ni hecho nombrar jueces ni fiscales. El partido no tiene funcionarios de ningún tipo en la función judicial. El PSC no ha enjuiciado ni impulsado sentencias ni a favor ni en contra de nadie, tampoco ha defendido ni logrado que se libere a persona alguna. Ninguna de las acciones denunciadas implica beneficios para el PSC ni para sus dirigentes. No sorprende que escribientes y asalariados, en unos casos, acepten como válidas las versiones de procesados, y en cambio, no lo hagan en otros bullados casos de supuesta corrupción”, se sostiene desde la directiva nacional del PSC.

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El comunicado termina señalando que debe parar tanta “calumnia y politiquería” contra el PSC, la cual, dice el documento, proviene de quienes quieren evitar que los casos de corrupción en que están claramente involucrados se investiguen y sancionen. (I)