En el Congreso, la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, denunció a la presidenta Dina Boluarte y al primer ministro Alberto Otárola por las muertes durante las protestas contra el gobierno en el 2022 y 2023.

La acusación se da el mismo día en el que se abrió una investigación en contra de Benavides por la supuesta conformación de una red criminal en el Ministerio Público.

“Informo que he formulado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Dina Boluarte y Luis Alberto Otárola”, dijo en una declaración en la que aseguró que la investigación abierta en su contra “tienen como propósito” amedrentarla para que no continúe su “lucha contra la impunidad”.

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Acusan a fiscal general de Perú de liderar una red de tráfico de influencias

También contra los tres exministros de Interior que ocuparon la cartera durante la ola de protestas, César Cervanes, Víctor Rojas y Vicente Romero. A los cinco los denuncia por la presunta comisión de delito de homicidio calificado.

El Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop) ejecutó este lunes la operación Valquiria V en el que se detuvo a una persona, el gerente central del Despacho de la Fiscalía, Jaime Villanueva.

A Benavides se la acusa de ser la cabeza de una red criminal de tráfico de influencias.

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En represalia, la fiscal general destituyó a la coordinadora del grupo Marita Barreto. Ante esta situación, los fiscales que integran el grupo se rebelaron.

“Al amparo de la autonomía e independencia del Ministerio Público respaldamos y ratificamos las acciones lideradas por la Dra. Marita Sonia Barreto Rivera”, remarcaron en el pronunciamiento.

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Agregaron que, por ese motivo, rechazan “al acto resolutivo emitido por la fiscal de la Nación en funciones”, que consideraron que “solo genera retraso y perjuicio en las investigaciones”.

Los fiscales también solicitaron “respetuosamente” a los miembros de la Junta de Fiscales Supremos “que, ante los hechos puestos a conocimiento público, actúen con responsabilidad y buen criterio en defensa de la institucionalidad en el marco de sus atribuciones constitucionalmente reconocidas”.

“Invocamos a las instituciones y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes sobre acciones que pudieran formularse contra los señores fiscales que conforman el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop)”, pidieron.

Los fiscales anunciaron que “permanecerán en el cargo” y reafirmaron su “compromiso de una lucha frontal contra la corrupción, provenga de donde provenga, y caiga quien caiga”. (I)

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