Petroecuador, empresa pública y que maneja el Bloque 43 ITT, al no ser un ente político no puede influenciar un voto por el sí o por el no en la consulta popular, pero en cambio tiene una estrategia para llevar adelante una suerte de campaña informativa para educar a los ciudadanos sobre los riesgos de las dos opciones, para que ellos, a su vez, voten de manera informada. A más de difundir las cifras sobre las consecuencias para el fisco, en medios de comunicación participará en foros de profesionales e incluso se ha pensado en realizar visitas in situ.

Es que el 20 de agosto, junto con la elección de presidente y asambleístas, la ciudadanía deberá votar por una consulta popular relacionada con el bloque 43 ITT. La pregunta dice: “¿Está usted de acuerdo con que el Gobierno mantenga el petróleo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”

De acuerdo con el gerente de Petroecuador, Ramón Correa es una pregunta extemporánea que llega diez años tarde, pues fue planteada cuando aún no había actividad. Explica que el bloque 43 tiene tres campos Tambococha y Tiputini que están en el norte y que están produciendo desde 2016; mientras que Ishpingo está río abajo y empezó su producción hace pocos meses. Desde el 2016 hasta el momento ya se han sacado 133 millones de barriles de los tres campos, asegura Correa.

Publicidad

A pesar de tener la posibilidad de realizar las labores de explotación en 300 ha solo se han utilizado 80 ha. Para tener una idea el parque de La Carolina en Quito tiene 60 ha. Además asegura que no ha habido derrames durante diez años.

Si en la pregunta llegara a ganar el no se continuaría con la actividad petrolera que se ha llevado de manera amigable con el ambiente, dice Correa. El asegura que en diez años no ha habido ningún derrame.

Sin embargo si ganara el sí, en ese momento se debería dejar de producir y habría un año para el cierre. Para Correa esto no es viable y no existen los recursos que se requerirían tanto para el cierre, como para la indemnización de las empresas. Así se dejarían de percibir $ 1.200 millones de ingresos, y se debería destinar al menos 500 millones que al momento no existen para el cierre (taponamiento de 250 pozos existentes, chatarrización de las facilidades petroleras y trabajos para dejar la selva como se la encontró). Para Correa un abandono técnico de los pozos se puede hacer en tres o cuatro años, pues esto debe planficarse. Tomando en cuenta todos estos gastos y el dejar de percibir los ingresos por la producción de quince años, se habla de una afectación para el Estado de $ 16.400 millones.

Publicidad

Entre tanto, la Cámara de Comercio de Quito y su Comisión de Petróleo-Competro manifestaron su preocupación respecto a la consulta popular sobre la explotación petrolera en el bloque 43. Explicaron que la argumentación de la Corte Constitucional para admitir la consulta carece de sustento jurídico y resulta extemporánea, además afecta gravemente la seguridad jurídica y está divorciada de la realidad económica que vive el país.

Afectación a la seguridad jurídica:

La admisión de la consulta afecta las inversiones que durante diez años se han realizado en el bloque 43, estableciendo un precedente negativo para este y otros sectores que realizan o pueden realizar inversiones en el país.

Publicidad

Sostenibilidad de las finanzas públicas:

La consulta pone en riesgo de manera innecesaria al 12 % de la producción petrolera, la cual significa aproximadamente $ 1.200 millones de ingresos para el Estado, afecta el encadenamiento económico que supera los $ 2.500 millones producto de esta actividad, y podría generar la pérdida de 50.000 plazas de empleo directas e indirectas.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la Cámara y Competro consideran que la consulta pone en riesgo la sostenibilidad del Estado y el bienestar de los ciudadanos. Adicionalmente hicieron un llamado a la autoridad electoral para que fomente una discusión responsable sobre el tema.