Los pequeños y micronegocios están preocupados por el alza del Salario Básico Unificado (SBU) a $ 425 que se anunció hace pocos días por parte del Gobierno, cuentan algunos empresarios.

Y señalan que, aunque en la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tanto el Régimen Impositivo Simplificado (RISE) como el Régimen Impositivo para Microempresas (RIM, que establecía un pago del 2 % de los ingresos facturados) se derogaron para dar cierta holgura a los pequeños empresarios, esto sería insuficiente para la subsistencia de algunos negocios por el incremento de sus costos en materia laboral.

En la nueva ley, que entró en vigencia el 29 de noviembre, se creó el Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (Rimpe), el cual se aplicará a negocios y emprendimientos con ingresos desde $ 0 hasta $ 300.000.

Javier Parrales, miembro de la compañía Arthurs Audit, dijo que la pequeña industria, el emprendedor y el microempresario tienen este tipo de “gracia”, pero vivirán un escenario complejo el próximo año.

“La simplificación del régimen tiene el ánimo de ser una especie de compensación para no tener una carga impositiva mayor. Sin embargo, ahora es muy poco probable que pueda aliviar el costo que generará el incremento de la mano de obra”, dijo.

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Citó, por ejemplo, que por cada $ 1 que paga un microempresario tiene casi el 40 % de carga salarial adicional por obligaciones patronales, que ahora serán más difíciles de cumplir porque la pandemia continúa.

Para Oswaldo Landázuri, gerente de la industria metalmecánica Metaltronic, muchas empresas pequeñas y medianas, principalmente, no podrán aguantar el impacto que genera el nuevo salario.

“El pequeño grupo, exclusivo, que está en la formalidad, puede volverse aún más exclusivo y reducido”, dijo el empresario. Hasta octubre, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), unos 2,6 millones de personas a escala nacional tienen empleo adecuado o pleno. Es decir que los trabajadores ganan el salario mínimo o más y laboral unas 40 horas a la semana o más.

El efecto para negocios en etapa de subsistencia

Además de frenar la contratación, como consideran los empresarios, se señala que también hay un riesgo específico para las firmas que están en etapa de subsistencia o que tienen una lenta recuperación. Es decir, para aquellas compañías que los recursos que reciben de acuerdo con su giro de negocio se distribuyen solo para el pago de nómina, sin representarles una mayor ganancia.

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Miguel Rossignoli, gerente general de la empresa de servicios Ecovitali, dijo que las compañías que fueron duramente golpeadas por la pandemia redujeron personal para aminorar costos y se mantienen con plantillas básicas de trabajadores.

Según el empresario, ahora, con este incremento del costo productivo por mano de obra no se genera un efecto multiplicador, más bien se frena el ánimo de las firmas para apuntalarse hacia una reactivación y una mayor contratación. “Las firmas que tienen poco personal podrían reducirlo aún más porque sería insostenible pagar un salario elevado si su liquidez no se lo permite”, puntualizó.

Por ejemplo, una microempresa que tiene dos o tres trabajadores que ganan el sueldo básico llegarían a cancelar unos $ 600 por concepto de salario, con decimotercer y decimocuarto sueldos, fondos de reserva, vacaciones y aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) incluidos, explica la abogada laboral Vanessa Velásquez.

La experta afirma que para aliviar la carga laboral impuesta se requiere una reforma laboral que otorgue flexibilidad de horarios y de contratación. Actualmente, desde el Gobierno se anunció que se trabaja en esta norma, aunque no se han dado detalles puntuales del contenido.

En esto coincide Augusto de la Torre, director del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de Las Américas, quien asegura que hoy, más que nunca, es urgente que el Gobierno avance con reformas de fondo, especialmente para modernizar el ámbito laboral y mejorar el entorno para la inversión privada. “Dichas reformas son necesarias para facilitar la absorción del nuevo salario básico en la economía, mejorar la competitividad externa de la producción nacional y bajar el riesgo de invertir en Ecuador”, señala el catedrático.

El fomento al consumo

Uno de los beneficios de este incremento que han destacado los gremios de trabajadores, como la Confederación de Trabajadores del Ecuador, es que se fomentará el consumo.

En este tema discrepan los empresarios ya que aducen que con un incremento en la mano de obra se encarecerán los productos para el consumidor final. De hecho, desde la visión del titular de Metaltronic, se generará una preferencia por el consumo de bienes más económicos que son importados desde países del Asia como China o de Perú.

Un tema adicional que puntualizan los empresarios es que tener un salario elevado resta competitividad a Ecuador, más aún cuando entre los planes del actual Gobierno está apuntar hacia una apertura comercial. (I)