El Presupuesto General del Estado de $ 32.948,64 millones presentado el domingo por parte del Ejecutivo a la Asamblea adolece de varias inconsistencias y falta del ajuste, que es necesario y que se vuelve a diferir. Así lo ven analistas consultados, quienes levantaron alertas y preocupación por dicho documento que deberá ser analizado y aprobado por la Asamblea en 30 días.

El presupuesto también muestra un déficit de $ 4.812 millones, que es la diferencia entre los $ 23.042,5 millones de ingresos totales, frente a los $ 27.855,18 millones de gastos totales.

Entre los problemas que presenta el presupuesto está el abultado gasto no permanente que este año llega a $ 7.764 millones, cuando el ingreso no permanente (con un petróleo calculado en $ 59,8 el barril) apenas alcanza los $ 2.143,3 millones, lo que deja una brecha de $ 5.500 millones, aproximadamente. Obviamente, el saldo se cubre con deuda.

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En este mismo sentido, el Decreto 170 del 20 de agosto pasado, firmado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, abona al tema, al permitir que de manera excepcional gastos permanentes de sectores como salud, educación y justicia sean financiados con gasto no permanente. El decreto indica: “Declárese la situación de excepcionalidad para que los egresos permanentes para salud, educación y justicia puedan ser financiados con ingresos no permanentes, lo que se hará constar en los presupuesto generales del Estado de los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023”.

Por ejemplo, este año los gastos de personal para inversión, que con apego a la normativa debería ser un gasto permanente, aparece en el grupo del no permanente, y llega al orden de los $ 1.207,08 millones.

El decreto 170 también indica que a partir de la proforma 2024 se volverá a cumplir la regla macrofiscal que exige que el gasto permanente sea exclusivamente financiado con ingreso permanente.

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Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, explicó que el mensaje que deja la proforma para el 2021 es que el ajuste fiscal se va a seguir posponiendo. El Gobierno ha sido explícito en que está suspendido el límite de la deuda y que recién en 2025 habrá una reducción al 57 % del PIB.

“Seguramente la siguiente escena que vamos a ver es una reforma tributaria para tratar de aumentar ingresos, y así para 2022 los gastos subirán nuevamente”, dijo. Explica que la aplicación de nuevos impuestos significa retirar dinero de los bolsillos de ciudadanos y empresas para financiar el gasto.

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Entre tanto, sobre el decreto 170, Acosta considera que el Gobierno continúa haciendo lo que ya venían aplicando gobiernos como los de Rafael Correa y Lenín Moreno, en el sentido de que se pagan gastos permanentes como sueldos con ingresos no permanentes. Esto lo logran haciendo pasar a estos gastos como parte de proyectos. Sin embargo, la diferencia, ahora con el decreto que se acaba de emitir, es que se transparenta esta situación.

Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), explica que el presupuesto presentado por el Gobierno adolece de las mismas fallas de presupuestos de gobiernos anteriores: sobreestimación de ingresos y gastos mal clasificados. Adicionalmente, dice que se han utilizado ciertas categorías poco ortodoxas para cuadrar el presupuesto, pero muy poco convincentes. Una de esas es la categoría “saldos disponibles”, en el financiamiento. Esta categoría no se entiende a qué se refiere. Efectivamente, en el rubro de variación de activos, bajo la línea se establece un rubro de $ 5.587,38 millones, dentro de los cuales hay “saldos disponibles por $ 5.260,95 millones. Este Diario consultó el tema a Finanzas, pero se ofreció contestar en las próximas horas.

Este año el precio del crudo se fijó en $ 59,80. Se trata de un precio mayor que el definido por el presupuesto prorrogado del 2020 y que era de apenas $ 37. Alberto Acosta Burneo consideró que es un precio que sí puede ser realizable. Entre enero y junio, según los datos del BCE el promedio del precio del crudo en 2021 está en $ 58,16.