El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) presentó una denuncia en la Fiscalía General para que se investigue un presunto delito de peculado por irregularidades en la adquisición de respiradores que realizó el Ministerio de Salud Pública, durante la emergencia sanitaria.

La denuncia se presentó la mañana de este miércoles 2 de diciembre en Quito, y acudieron los consejeros David Rosero y Sofía Almeida.

Según se explicó, en agosto pasado se había suscrito un contrato para la adquisición de respiradores por $ 9' 9 millones. De este monto, se había entregado un anticipo de más de $ 4' 5 millones a un proveedor, cuyas garantías pertenecen a una cooperativa de ahorro y crédito, pero que solo podía "respaldar $ 45 mil", precisó Almeida.

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Rosero explicó que las investigaciones al interno del CPCCS arrojaron que se trataría de un presunto delito de peculado, por lo que debe investigarse al Ministerio, la cooperativa de ahorro y crédito y el contratista.

El contrato se había rescindido de forma unilateral.

Según el consejero, hasta el momento, el Consejo ha realizado investigaciones y presentado denuncias en la Fiscalía, en nueve contratos que se realizaron durante la emergencia sanitaria por el COVID 19. (I)