La certificación de los sistemas antisobornos es una deuda del actual régimen en Ecuador

Si bien no hay un estimado de cuánto se paga en sobornos por países, un informe del Fondo Monetario Internacional calcula que la cifra a nivel mundial bordea los 2 billones de dólares anuales, el 2% de lo que producen las economías de todo el planeta en un año.

Este delito abarca desde el pago de coimas a cambio de contratos millonarios entre el sector público y privado hasta, por ejemplo, dar dinero para evadir una multa de tránsito.

Con un sistema antisobornos en las entidades públicas se habrían dificultado algunas de las irregularidades evidenciadas en el caso Sobornos 2012-2016, por el que fue sentenciado el expresidente de la República Rafael Correa y otros 19 colaboradores de su régimen, según Santiago Naranjo, coordinador administrativo financiero del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Siempre y cuando este cuente, agrega, con dos elementos: más controles en los que se deje rastros y responsabilidades claras en los procesos que hagan cuesta arriba la realización de la irregularidad y la posibilidad de denunciar con la garantía de una investigación independiente.

“Es de doble vía, los controles y procesar las denuncias para que los actos sean castigados”, dice el funcionario del actual régimen, que prometió, tras llegar al poder en mayo del 2017, una cirugía mayor a la corrupción.

El anuncio se hizo oficial en el Decreto Ejecutivo No. 21 del 5 de junio del 2017, en el que se declara como prioridad del Gobierno “el fortalecimiento de políticas públicas y la lucha contra la corrupción”.

Una de las pocas entidades públicas acreditadas con la certificación de cumplimiento de la norma ISO 37001, que implica la puesta en práctica de medidas para luchar contra la corrupción y prevenir los sobornos, es el MEF que la recibió en enero pasado.

Pero la implementación del sistema de gestión antisobornos (SISGAS) empezó en noviembre del 2018, seis meses después de que Richard Martínez asumiera como ministro de Economía, y costó $ 66.839, según el informe de rendición de cuentas de la entidad.

Hay otras instituciones públicas que tienen la certificación, como el Servicio de Contratación Pública (Sercop), la Prefectura de Pichincha y la empresa estatal Petroamazonas que la obtuvieron el año pasado. Mientras, el Banco Central del Ecuador (BCE) tiene previsto conseguirla el 25 de noviembre próximo. "Actualmente, el sistema de gestión antisoborno ha sido auditado y recomendado su certificación por un organismo externo y acreditado internacionalmente", dice Daniel Vasco Viteri, director de Procesos, Calidad e Innovación del BCE.

En la hoja de ruta para establecer el SISGAS en el MEF, que coordina y supervisa el manejo del presupuesto estatal de $35 mil millones al año, se detectaron 174 riesgos que pueden conllevar irregularidades, de los que 98 (56%) eran altos y 38 (22%) extremos, calificados según su probabilidad de ocurrencia e impacto.

En una evaluación se determinó que el número de riesgos calificados como altos y extremos se reducirían con los controles actuales a 11 y 1, por lo que pasarían a representar el 6% y 1%, en su orden.

El mecanismo, señala el documento, “ha permitido al Ministerio mitigar los riesgos de sobornos a los que están expuestos sus servidores en la ejecución del servicio Transferencia de Recursos”.

Aquí un ejemplo. Si un servidor público pudiera contratar de forma directa la compra de insumos médicos, pues la oportunidad de cometer irregularidades es muy grande.

Pero con controles, como que la aprobación se dé en una instancia diferente, que se cumplan parámetros de calidad, que el proceso sea auditado posteriormente y que se tenga que elaborar un informe justificando la contratación de un determinado proveedor, se puede reducir esta posibilidad, dice Naranjo.

Sin embargo, la aplicación del SISGAS no es que elimina toda posibilidad de que finalmente se dé un soborno o un acto de corrupción, recalca.

El objetivo es mitigar el riesgo y promover la denuncia de los ciudadanos garantizando la confidencialidad. En este caso la querella es anónima y la entidad tiene la obligación de verificar e investigar con un reglamento ya establecido.

Por ejemplo, el link para hacer las denuncias en el sitio web del Ministerio de Economía está disponible ya con todos los controles desde diciembre del 2019. Quien lee e investiga desconoce al denunciante, asegura Naranjo, ya que accede a los datos con filtros de seguridad sin poder identificar su número de cédula o su nombre. “Se genera un código asociado”, recalca.

El SISGAS registró 229 denuncias mediante este canal hasta octubre pasado, pero solo 31 implicaban realmente anomalías corruptas, de las que 18 han llegado a la Fiscalía General del Estado para determinar responsabilidades penales. Nueve involucraban a otras instituciones, por lo que fueron derivadas a ellas y cuatro fueron resueltas mediante medidas administrativas.

La respuesta ante lo detectado, dice Naranjo, fue más controles, como cerrar los canales directos entre los servidores que gestionan los pagos y los proveedores.

Los once allanamientos de mayo pasado, como parte de una investigación para desarticular una red de chantajistas en el sector público, fueron resultado de las denuncias recibidas en la web del MEF.

Mecanismo certificable

Un auditor nacional o internacional, es decir, un tercero independiente sin vinculación con el Estado verifica y certifica que la institución cumple con los requisitos de la norma ISO 37001, un mecanismo que garantiza la aplicación de medidas de control para reducir la posibilidad de corrupción, específicamente los sobornos. Cada entidad maneja su propio proceso de certificación con las consultoras disponibles. La pérdida de esta es una alerta de que la institución ya no cumple con estos parámetros mínimos de transparencia.

Antecedentes

El tercer eje del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Más Sociedad, mejor Estado” incluye entre sus objetivos la promoción de la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social.

Controles

El objetivo es eliminar o reducir la oportunidad que tiene un servidor público, un proveedor o un tercero para ser parte de un soborno. En el caso del Ministerio de Economía se implementan cláusulas anticorrupción en los procesos de contratación, lo que “permite disponer de una base sólida para sustentar acciones administrativas y/o legales ante incumplimientos”, dice el informe de rendición de cuentas del ente. (I)