Conflictos en el CPCCS se dan a la par del debate de la Asamblea para eliminarlo

El juicio político y la investigación fiscal abierta al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Christian Cruz, por su carné de discapacidad, estaría reforzando la propuesta de eliminar el organismo de la estructura del Estado, que se debate en la Asamblea Nacional.

Durante los cinco meses de aislamiento por la emergencia sanitaria, el Consejo se dividió en dos fuerzas: los consejeros Javier Dávalos, David Rosero, Francisco Bravo y Cruz, frente a María Fernanda Rivadeneira, Sofía Almeida e Ibeth Estupiñán.

Pero en las dos últimas semanas se formó un solo frente de seis consejeros en contra de Cruz, con un solo objetivo: que renuncie a la dignidad de presidente.

Su pedido se argumenta en los cuestionamientos a cómo obtuvo su carné de 81 % de discapacidad visual y auditiva en el 2009 (cuando se realizaba el concurso para elegir a los primeros consejeros y por el que obtuvo dos puntos de acción afirmativa), que estarían minando la imagen del Consejo.

Rosero reconoció que “cuando una persona ha perdido la confianza, la credibilidad del organismo, debería dar un paso al costado”, y consideró que este tema “ha abonado” a la campaña de “desprestigio” del CPCCS, y que se enmarca en la propuesta de reforma constitucional para que se lo elimine y que ya se aprobó en primer debate en el Legislativo.

“El tema es insostenible, y por compromiso debería dar un paso al costado para que pueda defenderse. Cuando uno pierde el respaldo de los consejeros, lo más correcto es dar paso a este cambio para mejorar las relaciones institucionales, pero sobre todo el trabajo de cara al proceso institucional que estamos enfrentando”, enfatizó Rosero en radio Sonorama.

El mismo criterio tiene Rivadeneira, para quien “Christian Cruz está destruyendo al Consejo. Tenemos una crisis institucional, y por culpa de una sola persona: Christian Cruz”, dijo a radio I-99.

Los seis consejeros están discutiendo opciones legales para poder ejecutar este pedido, y para defender al Consejo han instituido una 'comisión permanente'.

Si bien este conflicto viene de semanas atrás, se agudizó en la plenaria virtual del 16 de septiembre.

El 22 de julio se aprobó una primera resolución con cinco votos en la que pidieron que renuncie, pero no se cumplió. En ese entonces, Bravo lo defendió; pero el pasado miércoles, él mocionó que se debata la situación.

“Se ha demostrado que existe una gran incapacidad, pero no física, sino incapacidad para desvirtuar las acusaciones que han sido presentadas (en su contra). Por sanidad del Consejo, por transparencia, es necesario tratar la moción”, expresó Bravo en esa plenaria.

Cruz dijo que era “improcedente”, y no dio paso al debate. Bravo apeló a su presidencia y también se negó.

"Ustedes tienen la libertad de pedir al presidente lo que tengan a bien. (Pero) esa solicitud les voy a decir de manera pública: ¡No voy a renunciar! porque la ley, la verdad y los reglamentos me asisten. Además porque tengo un deber moral fundamentado en el fortalecimiento de la institución", les instruyó.

Con los micrófonos silenciados, los consejeros hacían señas para pedir la palabra o alertar que no escuchaban lo que se decía en la reunión. Rivadeneira escribió un cartel que lo mostraba a la cámara con la frase: “Tiene apelada la presidencia”, y en respuesta se ‘minimizaron’ las diferentes pantallas dentro de la sala virtual de Zoom y no se los volvió a ver ni a escuchar.

La secretaria Lourdes Espinoza le insistía en que les diera la palabra. Desencajado, Cruz suspendió la sesión.

​El 23 de septiembre tuvieron dos plenarias que se desarrollaron con normalidad.

Los seis consejeros no insistieron en que Cruz renuncie, pues están a la espera de los resultados del juicio político.​

Para evitar su juicio político, Cruz presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC) a la resolución de la Asamblea, en la que se convocó a la sesión para reestructurar la Comisión de Fiscalización, el 14 de septiembre.

Dicha mesa tomó conocimiento del juicio político en su contra un día antes.

En esa demanda alega que la creación de la nueva comisión “especial” genera “duda y desconfianza para un juicio imparcial e independiente”, y anticipa que “los efectos jurídicos y políticos acarrearían mi censura y destitución”.

En los últimos dos años, el organismo ha enfrentado crisis por las actuaciones de sus consejeros.

Su primer presidente, José Tuárez, fue censurado por el Parlamento por arrogación en funciones, junto con otros tres exconsejeros en agosto del 2019.

Cuatro meses después, Tuárez fue detenido por presunto tráfico de influencias. Y en agosto pasado fue condenado a cinco años de cárcel por el delito de asociación ilícita, acusado por la Fiscalía del Guayas de ser líder de una banda que ofertaba cargos públicos por $5000 y $500 000.

Christian Cruz lo sucedió en el cargo. Y a inicios de julio se lo cuestionó por su carné de discapacidad, en medio de las denuncias de la oferta de estos documentos para acceder a beneficios tributarios.

Para él, este juicio político “será una nueva oportunidad para demostrar la verdad: mi inocencia”. Y reproduce la defensa de que su carné es legal y obtenido hace diez años, y que la Fiscalía y un juzgado "desestimaron y archivaron" la denuncia en su contra. (I)