Esta mañana Óscar Bonilla, Diego Guzmán y Carlos Baca, los tres exmiembros de la Comisión 30S -formada por el gobierno de Rafael Correa para analizar los hechos ocurridos durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010- rindieron su versión en la investigación abierta por el delito de peculado.

El 16 de enero pasado, la entonces fiscal general subroganteThania Moreno inició una investigación previa por peculado contra quien era su superior en ese momento, el fiscal Carlos Baca, quien fungió como presidente de la Comisión 30S. La investigación nació de los hechos puestos en conocimiento por parte del activista Fernando Villavicencio y del exasambleísta Andrés Páez.

Baca a su salida dijo que el caso inició "como consecuencia de haber investigado la corrupción de Odebrecht" y  explicó que el entonces Contralor general Carlos Pólit habría forjado un informe con supuestos indicios de responsabilidad penal que hacían ver irregularidades en acciones que realizó la Comisión 30S.

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De su parte, Bonilla señaló que llegó a dar su versión en cumplimiento de su obligación como ciudadano. Aclaró que el caso tiene que ver con una acusación contra el exmiembro de la Comisión 30S "que no tiene ningún fundamento".

"No existe ningún indicio de responsabilidad penal sobre el tema (algún uso indebido de recursos públicos), hay una referencia en un documento inexistente. (...) No exostió ninguna infracción", señaló Bonilla luego de una versión que no sobrepasó los 20 minutos.

Villavicencio y Páez solicitaron en enero a la entonces fiscal Moreno emita un acto urgente para que se inicie la investigación por el contenido de informe de Contraloría en contra de Baca, presentado en noviembre de 2016 a la Fiscalía General del Estado, en el que se revelaría supuestos cobros irregulares cuando el ahora fiscal presidía la denominada Comisión 30-S. (I)