Fiscalía aún no puede hablar de un delito en concreto, respecto al hallazgo de una cámara en el despacho del presidente Lenín Moreno, pues deberá esperar a que en diez días técnicos de criminalística de la Policía analicen el dispositivo y emitan un pronunciamiento.

Así lo refirió el fiscal Fabián Salazar, quien dirige la investigación previa en este caso. Salazar, la noche del viernes último, tan solo horas después de que inspeccionó el despacho presidencial, receptó en la Fiscalía la versión de cuatro personas, las cuales le informaron “sobre los procesos de seguridad” en Carondelet.

Al mismo tiempo que Salazar se dirigía al Palacio Presidencial, el fiscal general Carlos Baca explicaba que “habría que establecer si en este caso existe o no algún tipo de infracción con relación al espionaje”, pero aclaró que se deben analizar las circunstancias del hecho.

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Espionaje y violación a la intimidad son los delitos que tentativamente se podrían haber cometido en este caso, según constan en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El primero está relacionado con los servidores militares, policiales o de servicios de inteligencia y tiene una pena de entre siete y diez años, según el artículo 354 del COIP. Mientras, la violación a la intimidad, referida en el artículo 178, sanciona con cárcel de uno a tres años a la persona que sin autorización legal, acceda, intercepte, grabe... mensajes de datos, voz, audio y video...”.

Aunque no se descarta la existencia de otros delitos como difusión de información de circulación restringida o delitos contra la información pública reservada legalmente.

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Se filmaban en secreto reuniones. ¿Es esto traición, desconfianza o exceso de control? (Lenín) nunca traicionaría a compañeros filmándolos en su espacio de confianza”.Eduardo Mangas, Secretario

Para la asambleísta de Alianza PAIS, Soledad Buendía, esta es una “alerta innecesaria”, pues sostiene que todos conocen que en las oficinas públicas hay cámaras para la seguridad de funcionarios. Pero cree que quizá sí hubo un error de la seguridad presidencial que no detectó esos dispositivos.

“Es fundamental elevar el nivel del debate, creo que el país no puede estar preocupado de este tema, sino de generar empleo, cuántas casas se están construyendo...”, dijo Buendía, quien aclaró que informar de la existencia de una cámara no era función del expresidente Rafael Correa.

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Mario Pazmiño, militar en servicio pasivo y exjefe de Inteligencia del Ejército, aseguró que en Carondelet “nunca” se ha colocado estos dispositivos, pues el Servicio de Protección Presidencial establece protocolos de seguridad. Él opinó que se trata de un “espionaje político”, con el que se estaría cometiendo un acto de “traición a la patria”.

“En la investigación tendrá que determinarse para qué Correa colocó una cámara. A quién quería filmar, y qué información obtuvo”, dijo. (I)