La posibilidad de que el Estado cobre una indemnización a Odebrecht por contratos obtenidos a base de sobornos enfrenta al menos tres realidades: que los procesos judiciales aún no concluyen, que solo en las sentencias los jueces fijarán los montos de reparación y que la empresa, como persona jurídica, no ha sido vinculada en ningún expediente abierto.