Por colaborar con la Fiscalía entregando información para resolver el caso, Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, fue condenado este viernes a tres años y cuatro meses de cárcel, a pagar una multa de 20 Salarios Básicos Unificados (7.500 dólares) y una indemnización al Estado de 364. 204,54 dólares por ser el supuesto autor del delito enriquecimiento ilícito.
Esta es la tercera sentencia contra Bravo dentro de las investigaciones por supuestos actos de corrupción en Petroecuador. La primera fue de cinco años por el delito de cohecho; mientras que la segunda, luego de acogerse a un procedimiento abreviado, fue de tres años y cuatro meses por delincuencia organizada.
El fiscal José Maldonado indicó al Tribunal Penal, presidido por la jueza Paola Logroño, que en este caso se ha evidenciado un incremento de patrimonio que no ha sido justificado por el exfuncionario petrolero. Maldonado aseguraba que Bravo era el autor directo del delito y que actuó con conciencia del dolo que cometía.
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Según Fiscalía, el examen especial de Contraloría a las declaraciones juramentadas que Bravo hizo, entre enero del 2010 y abril del 2016, reveló un incremento no justificado de 544.184,79 dólares. Poco después, una pericia contable al examen de Contraloría habría evidenciado también una variación del patrimonio de Bravo que sumaba 364.204,54 dólares.
La cantidad del peritaje contable fue menor que la de Contraloría, indicó la perito Tania Naranjo, porque el investigado habría justificado algunos bienes durante el análisis.
El abogado defensor de Bravo, Diego Velásco, rechazó que Fiscalía base su acusación en un informe de Contraloría que, desde su perspectiva, viola la normativa sobre declaraciones juramentadas. Además, dijo, se les habría negado el tiempo de dos meses que la ley da para responder a los requerimientos que en estos casos hace Contraloría.
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Maldonado pidió al Tribunal que tomen como atenuante la colaboración que habría dado Bravo a esta investigación. El fiscal explicó que la información dada por el procesado, la cual se mantiene como reservada, no solo sirvió para el causa por enriquecimiento ilícito, sino también para otros procesos dentro del caso Petroecuador.
Bravo pidió ser escuchado por el Tribunal y manifestó que en los trámites que realizó la Contraloría se evidenció que "a toda carrera se quería generar un daño contra él".
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La jueza Logroño señaló que de forma unánime el Tribunal definió la culpabilidad del procesado e impuso la pena de 10 años de cárcel, pero tras analizar el "atenuante trascendental" la pena quedaba en un tercio de la sentencia inicial, es decir, tres años y cuatro meses.
La figura del "atenuante trascendental, recogida en el artículo 46 del Código Orgánico Integral Penal vigente, se aplica a la "persona procesada que suministre datos o informaciones precisas, verdaderas, comprobables y relevantes para la investigación"
Pese a que la pena benefició a Bravo en cuanto al tiempo de cárcel, Velásco adelantó que apelará la sentencia. "No estamos buscando impunidad, buscamos justicia", acotó. (I)
