El Frente de Defensa de la Amazonía (FDA), organización que sería beneficiaria de la sentencia ambiental contra Chevron, anunció ayer que ha cortado vínculos con el abogado Pablo Fajardo “después de que él levantó ilegalmente, y sin la aprobación del FDA, la orden de embargo contra la empresa”, lo que permitió que el Gobierno pagara días atrás $ 112 millones a la petrolera.