El proyecto de Ley para la Declaración y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, que suprime la entrega del documento a las notarías y propone que el funcionario público lo envíe directo a la Contraloría por vía electrónica, no tuvo consenso en el pleno de la Asamblea, ayer.

La iniciativa de ley fue presentada el 5 de abril de 2013 por el contralor Carlos Pólit. El pasado 14 de enero pasó el primer debate y nueve días después fue tramitado en segundo.

Los reparos surgieron tanto del oficialismo como de la oposición. Mariángel Muñoz y Marisol Peñafiel, ambas de AP, expresaron su desacuerdo en eliminar la presentación del documento ante notario público.

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Muñoz expresó que la fe pública la tiene que dar el notario y lo más sano es resguardar la seguridad jurídica para la lucha contra la corrupción.

Peñafiel dijo que no cree que investir de fe pública al contralor sea la salida. Preguntó: ¿será que el computador me da la fe pública de lo que he actuado? Y se respondió: creo que no, porque el único que da fe pública sigue siendo el notario.

Ramiro Aguilar (antes de SUMA) manifestó que para que la declaración sea juramentada tiene que haber alguien que dé fe de eso y el problema político es que se está poniendo un “velo de noche y niebla” a los bienes de los funcionarios públicos que se van el 2017.

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Aguilar se mostró sorprendido por la rapidez con la que se ha tramitado el proyecto, pues en menos de dos semanas se hicieron el primero y el segundo debates e insistió en que el ingreso de datos en un computador no es declaración jurada.

Pero el ponente del proyecto, Fabián Solano (AP-PS), respondió que bajo esos criterios habría que reformar el Código Tributario para que las declaraciones al Servicio de Rentas Internas (SRI) no se hagan en línea y, sobre lo dicho por Aguilar, señaló que lo único que ve es que hay noche y niebla en los bolsillos de algunos notarios.

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Fuera del pleno, Solano añadió que el notario no da fe sobre el contenido del documento, sino de que se presentó y que ellos se oponen al cambio porque van a dejar de recibir “$ 12 millones, $ 20 millones”.

Mae Montaño (CREO) pidió que se aclare si las declaraciones serán públicas o no, porque un funcionario debe estar sujeto al control social, pero en los artículos 16 y 18 se señala que son documentos reservados.

Montaño y Aguilar mencionaron en sus intervenciones la frase “nuevos ricos”, que fue rechazada por Peñafiel expresando que no se puede decir que la propuesta de ley es para encubrir a nuevos ricos y que no existe miedo a ser auditados.

La Contraloría ha entregado en las últimas semanas a los asambleístas los informes sobre los exámenes especiales a sus declaraciones patrimoniales; estos los realizó luego de que se hiciera pública una denuncia de supuesto cohecho contra Esperanza G., quien fue expulsada de las filas de AP.

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Fuera del pleno se encontraba Marcelo Espinel, del Observatorio Legislativo, quien insistió en que el proyecto está impidiendo el derecho de los ciudadanos al acceso a la información y a poder fiscalizar los actos del poder público.

Espinel dijo que el Observatorio pidió en 2012 y 2015 a la Contraloría copias de las declaraciones de bienes de los asambleístas y el ente dijo que no puede hacerlas públicas aduciendo un reglamento. (I)

Esto no tiene nada contra la transparencia, sino a favor de la transparencia, es tan eficiente que está en un medio electrónico. Esto es transparente, legal y hasta ecológico.Fabián Solano, AP-PS