Escenario político en Galápagos se torna más variante tras ley

Si ya en las elecciones de 2014 Alianza PAIS (AP) no obtuvo mayoría en ninguno de los tres concejos municipales de Galápagos, con la aprobación de la Ley Orgánica de Régimen Especial el escenario político para el movimiento se complicaría aún más.

Su fuerte en las islas eran las juntas parroquiales, tenía cuatro de cinco presidencias. Con la ley, tres de esas las perdió.

La norma en vigencia quita el doble del presupuesto que tenían los gobiernos autónomos del Archipiélago, que constaba en la anterior ley, y somete este cálculo a la fórmula del Índice del Precios al Consumidor (IPC), al igual que los salarios para los sectores privado y el público.

Por este tema y otros que se incluyeron en el veto del Ejecutivo, AP también se quedó sin representante de Galápagos en la Asamblea. Esta jurisdicción pone dos asambleístas, desde que se inició el régimen, AP no ha tenido dos, solo uno.

En las elecciones de 2013, Ángel Vilema ganó nuevamente una curul por AP y, con poco porcentaje de diferencia, Fanny Uribe (Avanza), la segunda. Rafael Correa obtuvo cerca del 65% de votación presidencial (de entre 17.738 electores).

San Cristóbal, cantón sede de la mayoría de instituciones gubernamentales, es el único con un alcalde electo por el oficialismo: Pedro Zapata (antes del PSC). De los cinco concejales, Avanza tiene tres y AP, dos.

El alcalde de Isabela, Pablo Gordillo, es de Avanza, partido que tiene dos concejales, dos son de AP y uno del Movimiento Archipiélago Sí.

En Santa Cruz, el Movimiento de Identidad Provincial (MIP) ganó la Alcaldía con Leopoldo Bucheli. Además tiene dos concejales, dos de AP, uno de Avanza y uno de SUMA.

Estos datos son de antes de que tres fueran destituidos en las últimas semanas: Washington Paredes (MIP), Rolf Ballesteros (AP) y Jeovanna Santana (SUMA).

Pese a los resultados electorales de 2014, la quema de banderas de AP y el anuncio de desafiliaciones masivas cuando se aprobó la ley en junio, Jorge Torres, director de AP en Galápagos, dijo que se han desafiliado menos de veinte personas y que en la provincia hay más de mil simpatizantes.

Torres, exgobernador y ahora al frente del ECU 911, dijo que tienen que hacer un trabajo político en la región, primero explicar las ventajas de la ley, como el tema migratorio, y a partir de que tengan el cálculo del IPC (por noviembre) esperan tener una visión de cómo quedará el tema de los salarios:

“En el campo político vamos a prepararnos para las futuras elecciones, mientras tanto, seguiremos trabajando mancomunadamente en todas las jurisdicciones. La ciudadanía juzgará si el trabajo que ha generado este Gobierno ha sido o no positivo para Galápagos, el que desconozca los logros parecería que no ha vivido aquí”.

Según Vilema, al oficialismo no le favorece “no oxigenar” a sus figuras y que la población no vota por la organización política, sino por la persona que es conocida y respetada. (I)

Organizaciones
Participación en islas

Colectivos ciudadanos
Javier Morocho, del Frente Insular, dijo que este colectivo se formó con las celebraciones del Día del Trabajo y cobra fuerza con el veto a la Ley, pero ahora no piensan convertirse en una organización política.

Grupos políticos
AP estima que hay una docena de movimientos locales. Ángel Vilema dice que jóvenes se están preparando y podrían salir propuestas políticas.