En el campo, las escuelas siguen con falencias de hace décadas

Los 5.771 planteles unidocentes del país son parte del rostro del sistema de educación rural, en el que se registra el 44% de la población estudiantil. En zonas rurales se han cerrado establecimientos unidocentes. Reemplazan paredes caídas, retiran el lodo y el monte acumulado en patios y bordillos, reparan el techo o bancas que se usan desde hace décadas, o desempolvan el material didáctico que cuelga de las paredes de caña o ladrillo y que durante el año ha sido presa del mordisqueo de animales como ratones. Los padres de familia, antes del inicio de clases, dejan sus actividades en el campo para convertirse –junto a los profesores fiscales– en carpinteros, albañiles, pintores, electricistas, gasfiteros...Buscan aportar en algo frente a las falencias de las escuelas fiscales unidocentes que este Diario constató en recorridos por las zonas rurales de Manabí, Esmeraldas, Guayas y Los Ríos, las cuatro provincias del régimen Costa con más número de alumnos inscritos en escuelas que cuentan con un solo profesor.Son planteles como la Antonio José de Sucre, en Balzar (Guayas); la 9 de Octubre, en Paján (Manabí); la Galápagos, en Quinsaloma (Los Ríos); la Independencia Nacional, en Quinindé (Esmeraldas), que son parte de las 5.771 instituciones educativas unidocentes con 88.654 alumnos que aún hay en el país, según el Ministerio de Educación. Planteles del régimen Costa que iniciarán clases de forma progresiva a partir de mañana.A los problemas de infraestructura de estas escuelas se juntan ahora los efectos de la aplicación del denominado Plan de Reordenamiento de la Oferta Educativa, que desde ya ha implicado el cierre de algunos establecimientos fiscales.El Gobierno tiene previsto reducir el número de planteles estatales, que en este 2014 llega a 20.402 instituciones, a 5.187, según un documento divulgado por el Ministerio de Educación en junio del 2013, que además establece como fecha límite para conseguirlo al año 2017, con la fusión de establecimientos, la creación de las denominadas unidades educativas del milenio, entre otras medidas.El presidente de la República, Rafael Correa, refirió el tema en el enlace sabatino del 5 de abril pasado. Allí cuestionó la existencia de escuelas situadas en recintos: “Ni la escuelita debe quedar en la esquina, ese es uno de los problemas de la educación nacional, las escuelitas dispersas con 16, 30 estudiantes, un solo profesor y terrible el nivel académico”, aseveró Correa.Los alumnos de las escuelas cerradas han sido reasignados a través de un sistema de cupos a los planteles disponibles, que en algunos casos están distanciados hasta por dos horas a pie o a lomo de mula de los caseríos donde viven los menores. Los casos son múltiples A tres nietos de David Escobar les tocará atravesar caminos de verano y un puente sobre el río Congo, que atraviesa la parroquia Balzar, en el cantón del mismo nombre (en Guayas), para llegar del recinto Huanchichal, donde viven, a las escuelas asignadas, y que están a una hora y media a pie, según dice.“Acá toca caminar porque los carros pasan de repente. Con semejante lejura están buscando que no estudien, en vez de darnos las facilidades para quedarnos en el campo trabajando y que el pobre campesino no vaya a la ciudad”, dice Escobar, quien ha vivido 40 de los 65 años que tiene en Huanchichal, donde hasta el año pasado funcionó la escuela fiscal unidocente 24 de Septiembre , que los padres ayudaron a levantar hace 35 años. Ahora está vacía y con maleza.En el campo, el cierre de escuelas se comenta como rumor de pueblo en pueblo. La medida ya genera temor, como en la escuela Soldado Monge, del sitio La Fortuna, de la parroquia Campozano, en Paján. Allí, con el apoyo de los padres, se cubrieron con cañas las dos porciones de paredes que se desplomaron en el invierno anterior.“Se pasó el sombrero y se hizo el trabajo. Acá el Gobierno solo paga a la profesora, da uniformes y los útiles”, dice Santo Jama, un padre de 48 años que rechaza –junto a otros entrevistados– el cierre de las escuelas que ayudaron a construir hace décadas. Y entre las autoridades de los planteles que quedarán hay incertidumbre, ya que la llegada de más alumnos implicará también el aumento de necesidades aún no resueltas, como la falta de aulas y bancas.Es el caso de la unidad educativa fiscal Ciudad de Guaranda, en la parroquia Rosa Zárate, del cantón Quinindé. Este plantel deberá acoger hasta el 2015 al alumnado de las escuelas unidocentes que se cerrarán en los recintos de los alrededores, como Pangolita, El Limón…Francisca Vergara, una habitante de esta zona, sostiene que la mayor preocupación de los padres es cómo los niños van a llegar a clases si se concreta esta unificación de instituciones educativas. “Las distancias son grandes, en algunos casos; los caminos, en invierno especialmente, son intransitables y el dinero no es que abunde en estas zonas, para pagar pasajes diarios o un recorrido”, dice. En Manabí En Paján (Manabí), el hijo de Mayra Navarrete, quien no tiene ni un metro de altura, deberá caminar una hora por senderos empinados y cubiertos de lodo para ir a la escuela asignada, la Centinela del Sur, del sitio Pueblo Nuevo, en el mismo cantón.Navarrete cuenta que al momento de inscribirlo en las dependencias del Ministerio de Educación en Paján, les dijo que quería matricularlo en la escuela unidocente 9 de Octubre, del recinto Membrillal, de la parroquia Campozano, donde vive. Pero le respondieron que ya estaba copada por 33 alumnos con un solo profesor.Luego le pidieron que firmara un certificado de inscripción (ver foto) en el que el padre de familia se compromete a aceptar la institución educativa que el Ministerio de Educación le asigne. “No leí el papel. No puedo llevar a mi hijo de cinco años a esa escuela porque tengo a otros dos hijos pequeños”, dice Navarrete, quien va a insistir con el reclamo, de lo contrario, dejará a su hijo sin estudiar.Para el dirigente del Seguro Social Campesino en Manabí Antonio Perea, la política del cierre de escuelas unidocentes se ejecuta sin tomar en cuenta la función social de estos planteles en los recintos ni la realidad del campo, marcada por caminos en mal estado y un transporte público deficiente o inexistente.Los recintos están reconocidos como “unidades básicas de participación” y “organizaciones territoriales de base”, en los artículos 248 y 267 de la Constitución vigente.Otra realidad que es una constante en la educación rural es la falta de educadores especializados en Computación. Algunas escuelas unidocentes tienen computadoras que se han ido dañando por falta de uso. Es el caso de las escuelas Galápagos, en el cantón Quinsaloma, y de la Soldado Pompilio Ortiz, del recinto San Pablo de las Maravillas, de la parroquia Cascol, en Paján. El único profesor asignado a este último recinto (quien pidió la reserva de su nombre) afirma que “para enseñar Computación debe venir alguien que conozca”, dice.Mientras, en la unidad educativa del sitio Chigüe, en Esmeraldas, hay 15 computadoras portátiles donadas hace 4 años por el Gobierno. Estas máquinas, debido a su antigüedad y a que no tienen internet, solo son utilizadas para enseñar lo básico en la parte práctica.

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