Acudir a la Corte Constitucional (CC) o a los organismos internaciones de Derechos Humanos son las alternativas que plantean los colectivos de mujeres que apoyan la despenalización del aborto, una vez que la Asamblea excluyó el tema del nuevo Código Orgánico Integral Penal.
Antes, sin embargo, cabildearán para intentar obtener un veto presidencial a la norma, pese a que Rafael Correa se ha opuesto a modificar lo que ya existe.
El nuevo texto mantiene de la ley anterior la despenalización de la interrupción del embarazo en dos casos: si la salud de la madre corre peligro o si es producto de la violación a una mujer con discapacidad (antes decía ‘idiota’ o ‘demente’).
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Una facción del oficialismo, liderada por las asambleístas Paola Pabón, Gina Godoy y Soledad Buendía, intentó modificar el artículo para autorizar el aborto en todos los casos de violación, pero un llamado de atención de Correa las obligó a retroceder. Luego fueron sancionadas por ‘irrespetar’ los acuerdos del bloque.
Sarahí Maldonado y Verónica Vera, dirigentes de la Coordinadora Política Juvenil por la Equidad de Género y de Salud Mujeres, en su orden, señalan que esperan lograr que haya un veto parcial al Código.
Sus grupos pedirán audiencia con Correa para convencerlo de que el texto vuelva a la Asamblea y se retome el debate. De lo contrario, advierten con ir a instancias internacionales.
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“Si en la Asamblea se detiene el diálogo, agotaremos las instancias nacionales como la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo para que aboguen por nuestros derechos. Y si tampoco hay respuesta, no descartamos ir a las instancias internacionales, porque el Estado está vulnerando los derechos de las mujeres”, reclama Maldonado.
Vera agrega: “Nuestras acciones tienen que ver con la despenalización social del tema. Esto seguirá debatiéndose e iremos hasta la Corte Constitucional para plantear su inconstitucionalidad (si se aprueba)”.
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Ana Lucía Herrera, de la Corporación Humanas, cree que la esperanza de lograr conquistas en los derechos de las mujeres radica en el territorio y no en entes externos. “Hay instrumentos e instancias internacionales que emiten recomendaciones que no son obligatorias de cumplir, porque hacer cumplir esos derechos le corresponde a un Estado laico responsable. Este Gobierno y los asambleístas no serán eternos, así que seguiremos peleando”.
Hasta que estas acciones se concreten, Susana Balarezo, del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción para la Mujer, señala que los colectivos seguirán capacitando a las mujeres, en especial jóvenes, en el uso de la píldora del día después y los preservativos para evitar embarazos no deseados.