Varios sectores sociales mantienen su oposición a la explotación petrolera en un área del Parque Yasuní al mes de la decisión que avaló la medida.
Ellos están agrupados en al menos cuatro frentes y empujan, por separado, diferentes acciones para que el Estado no extraiga el crudo de los bloques 31 y 43 (ITT), en la Amazonía.
La Asamblea Nacional aprobó la actividad petrolera el pasado 3 de octubre, a través de una declaratoria, y por pedido del presidente Rafael Correa.
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Quienes se oponen pretenden revertir esto mediante una consulta popular, acciones de resistencia o legales.
Los colectivos que empujan la primera vía son los más visibles por la campaña que emprenden, en redes sociales y actividades públicas, para recoger las firmas que necesitan.
Hasta marzo del 2014 deberán entregar 583.324 rúbricas al Consejo Nacional Electoral.
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Las plataformas YASunidos y Frente de Defensa de la Amazonía, que reúnen a ecologistas y a ciudadanos, quieren que se consulte a los ecuatorianos si desean o no que el crudo se quede bajo tierra.
Jorge Espinosa, de YASunidos, afirma que el apoyo crece en el país, pero se abstiene de dar cifras. Anuncia que en dos semanas se hará el primer conteo de firmas desde que el Consejo entregó los formularios el 15 de octubre pasado.
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Las acciones de resistencia provienen del centenar de mujeres amazónicas que hasta la semana pasada estuvo en Quito por siete días.
Allá expresaron su rechazo a la “ampliación de la frontera petrolera” que ocurrirá, según dijeron, por las licitaciones de la XI Ronda Suroriente y la futura intervención en el Yasuní.
Una de las dirigentes, Patricia Gualinga, señala que una vez que regresaron a Pastaza se alistan nuevas movilizaciones, aunque no da detalles.
Dice que están inconformes con la respuesta “superficial” que recibieron en la Asamblea, y que por eso mantendrán su derecho a la resistencia.
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Las acciones legales se empujan dentro y fuera del país.
En el primer caso se trata de una demanda de inconstitucionalidad a la explotación en el Yasuní interpuesta por el exmagistrado Tarquino Orellana.
Él planteó el recurso en septiembre pasado, pero aún no recibe respuesta de la Corte Constitucional.
En el segundo caso son medidas de protección en favor de los pueblos en aislamiento que habitan en el parque.
Uno de los peticionarios, Fernando Ponce, explica que el recurso se tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero que el organismo que valorará si lo concede es la Corte IDH.
Ponce indica que la solicitud se hizo en abril pasado porque el Estado ha incumplido, dice él, las medidas cautelares que la CIDH otorgó en el 2006 para proteger a los ‘no contactados’. Y cita la masacre de unos 50 taromenanes, en marzo pasado.
Ponce comenta que la CIDH estudia los argumentos de los peticionarios, pero también el reciente Amicus Curiae (un escrito de terceras personas que no son los demandantes).
La semana pasada un colectivo de antropólogos remitió a la CIDH sus preocupaciones por el impacto de la intervención petrolera en el Yasuní.
En el escrito de Amicus Curiae solicitan a la Comisión que exija al Estado ecuatoriano informar de qué forma pretende garantizar los derechos de los pueblos en aislamiento.
