Desde febrero pasado, el ecuatoriano Fernando Bastidas no recibe en Madrid los cuidados médicos que requiere para la recuperación de una lesión en uno de sus brazos. Si el inmigrante quiere que un especialista revise las dos placas de platino y los 80 tornillos que le colocaron en su extremidad tiene que pagar. En España, a partir del 1 de septiembre pasado, la atención sanitaria para los extranjeros sin documentación en regla dejó de ser gratuita. Bastidas acumula cuatro años en el paro, dejó de cotizar a la Seguridad Social, perdió su permiso de residencia y trabajo y cuando quiso renovar su tarjeta sanitaria, se la denegaron. Un Decreto Ley modificó la cobertura del Sistema Nacional de Salud en España para limitar el acceso a los sin papeles solo en situaciones de urgencia por enfermedad grave o accidente; la asistencia al embarazo, parto y postparto; a menores de edad; solicitantes de asilo y refugio y víctimas de trata. Ante la falta de recursos, el inmigrante acude al servicio de urgencias para las revisiones rutinarias. No tiene otra alternativa.