Una casa rosada de dos pisos y ventanas polarizadas es el domicilio que dos exportadoras de químicos registraron en la Superintendencia de Compañías. Está ubicada en La Garzota, una ciudadela residencial en el norte de Guayaquil, y en ella vive una familia de extranjeros. “No, no le sabría decir; aquí son habitaciones”, contestó extrañado el padre de esa familia al ser consultado por la existencia de esas exportadoras: Bohtricorp y Detrems.

Él y su esposa no habían escuchado esos nombres antes y tampoco los de los administradores y accionistas de esas empresas. Ellos arriendan el inmueble desde hace tres meses a una persona que vive en Estados Unidos, contaron.

Esas exportadoras son parte de un grupo de nueve empresas que enviaban productos a Venezuela y que también constan en la nómina de clientes que reclamaron acreencias del cerrado Banco Territorial, lista que el liquidador de la financiera, Carlos Espinoza Torres, publicó el 23 de mayo en varios diarios.

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A más de Bohtricorp y Detrems, en esa nómina constan las exportadoras Firstpeople, Negosupersa, Polinovisa, Maxgema, Radchen Ecuador, Dumefor y Durcodor. Estas compañías suman reclamos de acreencias por $ 5,4 millones, por las pólizas y cuentas que mantenían en el banco.

EL UNIVERSO visitó las direcciones y llamó a los teléfonos que esas empresas registraron en la Superintendencia de Compañías, pero no logró encontrar a los directivos con esas referencias.

La Fiscalía investiga un supuesto lavado de dinero a través de exportaciones a Venezuela de productos químicos, máquinas industriales, telas y otras mercancías.

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Las supuestas irregularidades salieron a la luz cuando la Superintendencia de Bancos hizo varias observaciones a una capitalización de $ 17,7 millones que intentó realizar el Banco Territorial. Las auditorías detectaron que $ 10,4 millones de ese monto provenían de empresas que exportaban a Venezuela a través del sistema de compensación Sucre.

Después del cierre del Territorial, en marzo pasado, cuatro exportadoras trasladaron sus operaciones a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera. Esas y otras transacciones fueron declaradas como inusuales e injustificadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). La cooperativa cerró en junio pasado.

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Un peritaje ordenado por la Fiscalía dentro de la instrucción por peculado que se sigue contra los directivos del Territorial concluyó que 16 empresas y dos personas “han transferido valores sin justificar, entre otros, al señor Pietro Francesco Zunino Anda (principal accionista del banco)” y que, además, recibieron transacciones del Banco Central. Entre las compañías están Bohtricorp, Detrems, Firstpeople, Maxgema, Polinovisa y Durcodor.

El informe, fechado el 17 de julio pasado, señala que los involucrados en esas transferencias “podrían estar inmersos en lo que se estipula en el art. 132 literal g (de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero) que se refiere a liquidación forzosa; y al desvío de valores de propiedad de los depositantes (sic)”.