El abogado de dos de los tres jóvenes investigados como supuestos cómplices del presunto abuso sexual cometido durante el viaje de un grupo de estudiantes de un colegio privado de Guayaquil a República Dominicana dijo que aún “no existe una acusación formal” y que la investigación sobre este caso “apenas está iniciando”.

Claudio Stephen, quien reside en República Dominicana y figura como defensor de los dos jóvenes ante el Ministerio Público Dominicano, manifestó que era necesario aclarar que la investigación del caso apenas se está iniciando ya que en días pasados se informó de una aparente orden de arresto contra el hijo del cónsul general de Chile en Guayaquil y porque se mencionó que esta persona había huido del país.

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“Este es un proceso que está en investigación, que apenas (se) está iniciando y todavía no hay ninguna acusación formal por parte del Ministerio Público, sino investigaciones”, señaló.

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El 14 de marzo se difundió un documento en el que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó que “colaborará con todo lo que la justicia requiera” respecto de la orden de arresto. Esto tras el aparente involucramiento en el caso del presunto abuso.

“Oficialmente, yo no tengo la certeza de que así sea, pero si existe (la orden de arresto), pues la ley dominicana permite que, sin necesidad de que la persona que se haya ordenado su arresto esté privada de libertad, puede apelar esa decisión siempre y cuando se aporte con elementos que permitan concluir que las condiciones que primeramente las justificaron han variado”, detalló a este Diario.

Por ello, dijo, si es así y esa orden existe, se va a apelar.

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Stephen puntualizó que ninguno de sus defendidos se fugó del país. Más bien solo uno de ellos salió, pero por condiciones ajenas al caso. El hijo del diplomático regresó a su país junto con su familia luego de que la estancia de su padre en Ecuador finalizara.

El otro joven, indicó, desde que volvió del viaje, en noviembre de 2023, no ha salido del país.

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“A través de nuestra mediación le proporcionan a la Fiscalía sus datos personales, sus domicilios, tanto en Ecuador como en Chile, donde pueden ser localizados”, explicó el jurista, quien afirmó que tanto el chileno como el ecuatoriano han manifestado por escrito su voluntad de colaborar con el proceso.

Sin embargo, aún no han recibido un requerimiento formal para cualquier diligencia. “Existen constancias escritas de su consentimiento para dichas pruebas (ADN) tanto en Ecuador como en la República Dominicana”, dijo el jurista.

El lunes 4 de marzo se hizo público el caso del presunto abuso sexual durante el viaje a Punta Cana por parte del abogado Fernando Rosero. Ese viaje fue organizado por los padres de familia, el colegio no fue parte del programa.

Según este abogado, tres estudiantes, compañeros de estudios de la víctima, estarían involucrados en este hecho. El relato de la defensa de la víctima refiere que un compañero de la menor, junto con dos más, la contactaron para que bajara de su habitación.

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Los adolescentes habrían contaminado una bebida que tomó la menor y, una vez que ella perdió el control, la subieron a una habitación y se cometió el abuso. Según Rosero, videos captaron la sucesión de hechos esa noche.

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Stephen, sin embargo, desvirtuó que existan estos videos en los que se observa a sus defendidos, en calidad de cómplices, echándole algo a la bebida de la víctima. Peor aún, dijo, conduciéndola, cargándola y transportándola hasta la habitación.

Señaló que, incluso, no hay un examen toxicológico que revele que la joven estuviese bajo los efectos de alguna sustancia.

Indicó, además, que en una entrevista realizada en el contexto de un informe psicológico forense, la víctima no implicó a los dos jóvenes que defiende como autores o cómplices del presunto abuso.

El abogado dominicano citó, incluso, que está en proceso la solicitud del material fílmico de esa noche para comprobar la versión de los dos jóvenes en la que manifiestan que sí estuvieron un momento de la noche con la joven, pero luego se retiraron del lugar.

Agregó que en República Dominicana, donde se desarrolla la investigación y proceso, aún no se ha llegado a una conclusión definitiva, ni se ha determinado la participación de los acusados -que defiende- en el caso denunciado. (I)