Intervenciones policiales fijan la mirada en exclusiva zona de Samborondón con mansiones de más de $ 1 millón

La potente luz del faro de un helicóptero alumbró, la madrugada del 4 de marzo, la intervención policial durante el allanamiento a la residencia del exasambleísta Pablo M., en una urbanización de la exclusiva isla Mocolí.

Sitiaron el lugar y desde las alturas se observó, en un video difundido por la institución, la irrupción de los uniformados para capturar al exlegislador, procesado por la Fiscalía en el caso derivado de la investigación Metástasis, denominado Purga.

Con trajes tácticos y armados, el grupo policial recorrió la propiedad con piscina, jacuzzi y espacios verdes, mansión que no consta en la última declaración de bienes que hizo el exlegislador a Contraloría en 2022.

Ese año, su patrimonio reportado ascendía a $ 950.000 e incluía, por ejemplo, $ 410.000 en cuentas por cobrar, $ 400.000 por ‘obras de arte, joyas y colecciones’ y $ 180.000 por menaje de casa.

Tres días después de este operativo, el 7 de marzo, la atención se volvió a centrar en este sector, ubicado en el kilómetro 6 de La Puntilla, parroquia del vecino cantón de Samborondón, en la avenida Samborondón.

La Policía allanó una vivienda y detuvo a cuatro hombres presuntamente involucrados en un asesinato cometido en Guayaquil. En su poder, dentro del vehículo en el que se movilizaron, hallaron armas, municiones, dinero y una computadora; mientras que en el predio no se encontró ningún indicio.

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Ambos hechos generaron en las redes sociales comentarios despectivos y bromas sobre esta zona.

“Lamentablemente un par de casos aislados generan esta reacción de la comunidad, sin embargo, no considero que sea una situación general para etiquetarlo como ‘narcolí’”, refirió uno de los residentes que eligió construir su casa en una de las urbanizaciones asentadas en esta zona hace unos tres años por su “seguridad y ubicación estratégica”.

Y aunque asegura que sí ha notado “actitudes sospechosas” de inquilinos que rentan propiedades por corto tiempo, considera que sigue siendo un lugar seguro. “Se debe seleccionar mejor a las personas que se les alquilan las casas o departamentos”, sugiere.

En la isla Mocolí, asentada a orillas del río Babahoyo y con una extensión de 306 hectáreas, había arrozales hasta los años 90.

En 1995 comenzó su desarrollo con las primeras urbanizaciones. En la actualidad son cerca de una veintena de conjuntos residenciales y al menos tres nuevos proyectos habitacionales que están en construcción.

El acceso a la isla se da a través de un puente, ubicado en el kilómetro 6 de la vía a Samborondón.

En ese punto hay una garita con guardias de seguridad que registran a los visitantes con la placa, mientras las cámaras de seguridad -instaladas en toda la isla- captan al conductor y sus ocupantes desde su ingreso hasta que llega a su destino.

Durante ese camino se observa a personal motorizado que recorre el sector por las vías, en buenas condiciones, señalizadas y limpias, en medio del verdor de sus amplios jardines y palmeras.

Al llegar a las urbanizaciones, la seguridad suele ser mayor con personal armado al que se rota cada año y con normas impuestas en cada conjunto residencial.

Por ejemplo, cuenta un morador, “todo trabajador está censado, hay torres con vigilantes las 24 horas y no ingresan dos en moto, los delivery deben entrar solos y sin cascos para que puedan ser identificados en las cámaras”.

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En uno de los conjuntos residenciales, ocupado en un 75 % por unas cien familias, aún tienen terrenos vacíos desde 400 m². Hay casas terminadas que también están a la venta y se comercializan desde $ 650.000, apunta uno de sus habitantes, tranquilo porque sus vecinos -asegura- son ‘tranquilos’, la mayoría son propietarios, ‘muy pocos’ son inquilinos.

Agentes inmobiliarios ofrecen casas en esta isla, considerada exclusiva por los precios altos de sus viviendas, entre $ 400.000 y más de $ 1 millón.

Por una casa de 545 m², con cuatro habitaciones, cuatro baños, piscina, dos estacionamientos, se piden $ 670.000; por otra vivienda, de 450 m² con divisiones similares, $ 785.000; y una mansión con 1.570 m², tres habitaciones, ocho baños y 5 parqueos se comercializa en $ 1,2 millones.

Mientras tanto, uno de los nuevos proyectos promociona predios desde 480 m² a $ 550 cada metro cuadrado.

“Un lugar paradisiaco, rodeado de naturaleza, tranquilidad y seguridad. Un lugar donde podrás despertar cada mañana con una vista espectacular al lago y disfrutar de las mejores amenidades que te ofrece una urbanización de lujo”, dice el mensaje que se difunde en redes sociales.

Al finalizar la edificación de las casas, sostiene otro residente, personal de entidades bancarias ha acudido para hacer las inspecciones antes de otorgar el crédito. Aunque sí ha visto casos, admite, de propietarios que luego revenden su bien inmueble: “Ahí sí es difícil saber los términos y la forma de pago”.

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El sector inmobiliario es uno de los servicios profesionales que están obligados a reportar actividades ‘sospechosas’ de sus cuentes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Esta entidad recibe “un reporte muy completo de cada cliente que compra propiedades del sector formal”, sostiene Jaime Rumbea, representante de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (Apive).

Rumbea asegura que el sector que representa “no puede responder por la reventa o los arriendos que hacen los propietarios a terceros” y añade que “se conoce por información pública que gremios de corredores de bienes raíces, usando la etiqueta de gremios inmobiliarios, hablan de que más del 50 % de las transacciones que registran serían realizadas de contado”.

Esto, apunta, le sorprende, porque considera que “es ilegal para cualquier sector hacer transacciones superiores a unos pocos cientos de dólares en efectivo”. (I)