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Están habilitadas para ir a las urnas 13′736.314 personas.
Muy positivo que se arranque con difusión y capacitación y no solo con operativos de retención cuando la palma ya ha sido extraída de los bosques andinos.
Es un deber de los medios de comunicación ofrecer información de valor a quienes los honran con su confianza.
Una alerta epidemiológica de la OPS, en todo caso, permite a los gobiernos tomar acciones.
Lástima que en lugar de una campaña constructiva, donde primen las propuestas, los postulantes ofrezcan un cruce de acusaciones y descrédito...
Recordado como el papa de los jóvenes y el papa de la familia, Juan Pablo II inmortalizó frases de enseñanza y tolerancia.
Básico que los empresarios turísticos participen con su experiencia y que los pequeños y medianos emprendedores del área sean invitados.
Es correcto que el Estado atienda a los más vulnerables, pero es propio que los organismos de control hagan seguimiento a los procesos.
La cooperación internacional permite fortalecer acciones nacionales sin perder soberanía.
No se puede dejar de insistir a los candidatos para que en lo que resta del proceso electoral hagan una exposición de propuestas serias.
Es propio que las necesidades de esta provincia sean atendidas y se establezcan proyectos para el progreso de la provincia a largo plazo.
Sin duda la herramienta seguirá presente en la campaña y compete a todos estar alertas a sus alcances.
Las capacidades intelectuales no están en discusión; la igualdad de oportunidades y de derechos es por lo que se sigue bregando.
Corresponde a los candidatos finalistas al balotaje del 13 de abril controlar a sus equipos de campaña para evitar que se puedan generar infracciones.
La estructura social se protege también analizando y reflexionando sobre lo que se comparte en la virtualidad.
En democracia el programa político-gubernamental que se gane la confianza del electorado es el que obtiene el mandato.
Tras la tragedia de Daule, las autoridades que tienen a su cargo la vialidad deben comprometerse en una evaluación general de las infraestructuras.
El sabotaje es sancionado con cárcel de cinco a siete años y la pena aumenta cuando se destruye la infraestructura de algún sector estratégico.
Disipar cualquier temor a una sociedad que día a día lucha por mejorar su economía es valioso y se traducirá en confianza.
Sin instituciones fuertes la democracia tambalea, la seguridad jurídica se vuelve una quimera y la inversión extranjera se aleja.