Situación de prensa inquieta a Relatoría y CIDH

¿Cuántos medios tiene el Estado de Ecuador y qué garantía tienen los directores y periodistas de esos medios estatales para poder hacer un periodismo libre e independiente? Esa fue una de las preguntas que el martes pasado hizo la relatora para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, tras escuchar a periodistas y a representantes del Gobierno que expusieron sobre la situación de ese derecho en el país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió en una audiencia temática, en Washington, a representantes de Fundamedios, de la Unión Nacional de Periodistas, de la Asociación de Editores de Periódicos y directivos de una televisora y una radio en la Amazonía que han sido clausuradas por “transmisiones clandestinas”.

Botero preguntó al Gobierno, representado por el subsecretario de Comunicación, Patricio Barriga, y un delegado de la Procuraduría, qué entiende el Estado por transmisión clandestina. ¿Y si los periodistas son juzgados por difamaciones, los funcionarios están expuestos a la misma normativa o la norma no se aplica igual para todos?

El representante de la Procuraduría señaló que las inquietudes serían contestadas por escrito, aunque se refirió a dos de los cuestionamientos. Dijo que la Constitución ya garantiza el derecho a la rectificación y que las transmisiones en clandestinidad, según el ordenamiento jurídico, es cuando radios o televisoras “actúan al margen de la ley, respecto a temas administrativos, cumplimiento de pagos (por uso de frecuencia) o de parámetros técnicos que se establecen”.

Barriga se quejó ante Botero y los comisionados Dinah Shelton y José de Jesús Orozco, quien preside la CIDH, que en portales electrónicos de medios de comunicación se insulta al presidente de la República. Eso como respuesta a la denuncia de los periodistas sobre “presiones oficiales” para clausurar dichos espacios en los que los ciudadanos se expresan.

Botero dijo que semanalmente se escucha a altos funcionarios referirse a las personas que critican al Gobierno como “sicarios morales, basura, traidores a la patria, enfermos, ignorantes, corruptos, informantes de gobiernos extranjeros”.

Y en ese sentido hizo otro cuestionamiento: ¿El Estado de Ecuador ha medido el riesgo para la seguridad de las personas a las que se refiere, incluso con fotografías, semanalmente con este tipo de epítetos?

Orozco preguntó al Estado cuáles son los elementos que se tienen en cuenta para asegurar que una sanción civil por el indebido uso de la libertad de expresión sea proporcional y acorde con los estándares de derechos humanos. Mientras Shelton quiso saber si en la Ley de Comunicación se regula el contenido de internet.

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Reformas penales
¿Cómo van las reformas penales que el Estado en algún momento dado planteó: abolir el desacato, reducir las penas? Fue otra de las preguntas que recibieron los representantes del Gobierno en la audiencia en la Comisión Interamericana de DD.HH.

Restricciones en campaña
La relatora Catalina Botero también consultó el efecto que tuvo en las pasadas elecciones las restricciones de los medios para informar.