Del Cono Sur salen diferencias con plan de Ecuador para CIDH

QUITO
.- Los países del Cono Sur son los interesados en mantener las medidas cautelares que adopta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admitió ayer el canciller Ricardo Patiño, aunque se negó a enumerarlos por una cuestión de respeto diplomático.

Un día después de que se realizara la Conferencia de los Estados Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) –que organizó el Gobierno ecuatoriano y en la que su principal propuesta de reformar el sistema de medidas cautelares para que no puedan ser adoptadas por la CIDH no tuvo eco– Patiño insistió en que “se dieron pasos fundamentales” para el fortalecimiento del Sistema de Derechos Humanos que se evidenció en la declaración final de Guayaquil.

La elaboración de este documento se dio “durante el almuerzo”, detalló, pues decidieron salirse de la dinámica diplomática tradicional de la jornada, de lo contrario, entre los discursos y debates formales de las delegaciones, no hubieran logrado “nada”.

El Cono Sur, identificado así por su condición geográfica, lo integran Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile.

Uno de ellos no adelantó su posición. En la Declaración de Guayaquil consta: La posición del Paraguay sobre los temas específicos será expresada en la Asamblea Extraordinaria de la OEA (Organización de Estados Americanos) el 22 de marzo.

El lunes, solo Patiño y el mandatario Rafael Correa, anfitriones de este evento, expusieron sus criterios de cuáles deberían ser las reformas al sistema (la CIDH, la CorteIDH e instrumentos de derechos humanos). Los delegados de 17 (de 23) naciones, y a la que asistieron solo dos cancilleres, de Argentina y Bolivia, omitieron las opiniones, y hubo hasta un representante que, tocándose el cuello, señalaba que no podía hablar y así evitar a la prensa.

Sin embargo, días antes de la invitación los países emitían comunicados apoyando la labor de la CIDH en defensa de los derechos humanos.

Argentina decidió elevar su contribución voluntaria a la Comisión a $ 400 mil. “Los argentinos consideramos imprescindible la tarea de la CIDH, así como reconocemos el invalorable trabajo realizado por la misma durante los años que sufrimos la dictadura cívico-militar”, cita un comunicado en el portal web de su Cancillería.

Paraguay condenó el asesinato de un dirigente campesino en su país y ratificó “su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos” y reiteró su total cooperación con la CIDH en dicha tarea. Y renovó “su apoyo a la labor de los defensores de derechos humanos en el país, quienes gozan de todas las garantías para desarrollar libremente su trabajo, sin ningún tipo de interferencias”.

México a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores se “congratuló” por la reelección de José Jesús de Orozco como presidente de la CIDH y reiteró “su pleno compromiso y colaboración con dicho órgano para la promoción y protección de los derechos humanos”.

Bajo ese escenario, el canciller ecuatoriano aseguró ayer que los países “en su plena coincidencia” creen que las medidas cautelares no tienen “basamiento legal”. “No hubo ningún desacuerdo. Pero algunos representantes de los gobiernos dijeron que en algunas ocasiones que la Comisión ha solicitado medidas cautelares... eso ha permitido salvar vidas, estoy hablando especialmente de gobiernos del Cono Sur que han vivido terrible”.

Correa aseguró ayer que espera que se acepten algunas de las sugerencias, empezando por el cambio de la sede de la CIDH, la clase de financiamiento, que todas las relatorías sean tratadas por igual, entre otras. Y que si no se dan esos cambios, “hay un grupo de países que estamos dispuestos a tomar otra decisión”. “En principio yo también estoy de acuerdo con las medidas cautelares, lo que estamos en contra es que la Comisión se arrogue funciones que no tiene”.

Las intenciones gubernamentales inquietan a organizaciones que en un comunicado rechazan los cambios. Temen que la “debilitaría” en lugar de “fortalecerla” y creen “que por primera vez en la historia del Sistema, la intención de la reforma (...) es limitar el ámbito de acción de los órganos de supervisión y supeditarles al interés de los estados”, señala la misiva firmada por ONG como la Inredh, Cedhu, Comité Nacional de Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad, y catedráticos de universidades.

Ecuador firmó la Convención Americana, conocida como Pacto de San José, en 1969, durante el gobierno de José María Velasco Ibarra y la ratificó el 8 de diciembre de 1977.

Por decreto, en 1984, en la presidencia de Osvaldo Hurtado, se ratificaron las competencias de la CIDH para recibir y examinar comunicaciones en las que un Estado parte alegue que otro ha violado los derechos humanos. Y la de la CorteIDH para aspectos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención. En ambos casos se especificó que el reconocimiento de competencias se hace por tiempo indefinido, bajo condición de reciprocidad y que el Estado se reserva la facultad de retirarlo cuando lo estime conveniente.