Puede haberlo, cuando haya democracia, que implica necesariamente división del poder público en las competencias de las funciones que lo integran, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como que haya justicia constitucional y otros órganos del poder público, con actores que asuman sus responsabilidades, sin someterse a otro interés que el del país, y nunca serviles, ni al poder político de un presidente, ni al festín de repartos de un Congreso, ni a poder fáctico alguno.

No hay Estado democrático si la fiscalización política y la de los organismos de control se someten a la pretensión de los incursos en la corrupción que se sintetiza en la frase “no hay que escandalizar”, para silenciar a los timoratos. Los que deben ser fiscalizadores no piensan que su responsabilidad será más grave que la de los no fiscalizados, porque el silencio y el miedo son los factores que más deben escandalizar a una sociedad.

Expliquemos lo que es camarilla, que de por sí no es necesariamente término despectivo. En el diccionario de la Real Academia Española está definido como “conjunto de personas que influyen subrepticiamente en los asuntos del Estado o en las decisiones de alguna autoridad superior”.

¿Y hay Estado, a la vez, democrático y revolucionario?

En teoría sí. Pero cuando un gobernante y su entorno se autoproclaman revolucionarios –aun cuando solo sea un cambio de camarilla, o se trate de la recomposición de una anterior con diferente “líder”– lo más probable es que coloquen lo que quieran que se entienda por revolución por encima de los valores consustanciales de la democracia, porque “su revolución” tiene como condicionante ejercer y extender el poder, sin admitir disensos.

¿Y el origen electivo de un gobernante garantiza democracia?

Lo perverso es que los totalitarismos fascistas usualmente han tenido como antecedente la descomposición política y económica de un país, caldo de cultivo ideal, por eso generan la adhesión ciudadana a su propuesta política apuntalada en la habilidad en la comunicación y en la violencia verbal y aun material contra los sindicados –ciertos o solo imputados, a veces falsamente– de esa descomposición.

Así llegaron al poder Hitler y Mussolini –y otros sin la trascendencia planetaria de los dos citados–. Una vez en el poder, funden en una sola identidad al Estado, al gobierno y al partido o movimiento político, someten a todas las funciones del Estado y, sobre todo, apuntalan otros procesos electivos y de consulta popular, controlando a los organismos electorales y a la publicidad electoral.

La ruptura de los modelos seudorrevolucionarios, realmente totalitarios, vía electoral es muy difícil, por eso usualmente ha degenerado en confrontación y violencia, vía levantamiento militar o por protesta social multiplicada.

El presidente Correa

Usualmente el presidente Correa señala que la degeneración del Ecuador, hasta antes de su gobierno, estuvo en el debilitamiento del Estado, con un Congreso chantajista en la fiscalización política y rehén de la partidocracia.

Correa asume que el Estado debe ser fortalecido, para que los que él tacha de poderes fácticos (medios de comunicación, banca, cámaras empresariales, colegios profesionales, organizaciones sindicales) se debiliten.

La Asamblea Nacional –fuera de algunos asambleístas que solo tienen voz para expresar sus disensos– acata la voluntad del presidente. Su relación con el gobernante podría sintetizarse en una frase “Sí, señor”.

Capítulo aparte es el de la justicia constitucional y la función Judicial. Nada deberá fallarse contra el Estado –personalizado en el gobernante y su entorno–, para eso su selección solo debe generarse –y así se está cumpliendo– desde el poder político.

¿Los jueces son presionados? ¿O solo actúan por temor a la destitución o a otra forma de escarnio? Posiblemente hay y hay.

Olvidan los jueces que la verdad y la justicia puede que estén en la línea del Estado –gobernante y entorno– pero también puede que no. Hay corrupción judicial cuando los interesados por influencia o por dinero compran jueces y sentencias, pero también cuando los jueces se dejan presionar o actúan por temor al gobernante y su entorno.

¿Y siempre Correa creyó que el Estado debía estar sobre los demás?

Salvo la función en el Ministerio de Educación en el gobierno de Sixto Durán-Ballén, con financiamiento internacional; otro momento, cuando el expresidente Gutiérrez lo habría buscado para que sea su ministro –lo que inclusive llevó a una cita fallida relatada por el propio Correa–; y, cuando la partidocracia legislativa –como que no quedaba otra cosa– tumbó a Gutiérrez, en abril del 2005, y Correa acompañó a Alfredo Palacio, como ministro de Finanzas, Correa usualmente se movió fuera del Estado y cuestionándolo.

En la campaña del 2006, cuando le preguntaron quiénes le financiaban su campaña, contestó que no identificaría a todos, porque la “partidocracia” controlaba el SRI y podían perseguir a sus proveedores de fondos. Su hermano Fabricio, suelto de lenguas, ha hablado de sumas muy superiores a las formalmente declaradas por el responsable económico de la campaña de Rafael. No nos olvidemos que los aportes a campañas electorales, obligan al pago del IVA del 12%.

Semanas atrás, Guillermo Lasso Mendoza declaró que él habría hecho una contribución no cuantiosa a la campaña de Correa del 2006. Nadie lo ha desmentido.

¿Pensará Correa en un Estado todopoderoso si toca que él y su entorno dejen el poder político?

Que él o su entorno dejen el poder no creo que esté en el imaginario de Correa. Si lo estuviera para nada quisiera un Estado que él sienta que puede perseguirlo.

Las plagiadas de Luluncoto

Abigaíl Heras y Cristina Campaña son dos jóvenes que están detenidas, por cerca de 10 meses, con “boleta constitucional”. Éticamente están plagiadas –secuestradas en el sentido usual de la palabra– por instrucciones del entorno del poder, o por miedo de los jueces, que se ausentan o enferman cuando deben decidir sobre ellas, porque no hay evidencia alguna para su prisión. ¿Por qué no esperar a que el presidente Correa las visite y así se sensibilicen los jueces morosos en administrar justicia?