Opinión internacional |

VENEZUELA
Esta semana, los representantes de Ecuador, Venezuela y Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se alinearon como tropa para bombardear la propuesta de reforma que la instancia presentó a fines de octubre ante los 35 países miembros de la Organización de Estados Americanos.

Injerencia en asuntos internos, extralimitación de funciones, politización de la comisión. El bloque ALBA desplegó argumentos circulares para cuestionar la legitimidad del ente interamericano, pero no propuso alternativas para replantear la defensa de los derechos humanos en América, y mucho menos soluciones para subsanar las debilidades y negligencias cometidas por sus respectivos gobiernos en la protección de los derechos humanos.

Despierta especial escozor entre los camaradas bolivarianos el Capítulo IV del informe anual de la CIDH, que reclama “atención especial” sobre la situación de los derechos humanos en los países miembros de la OEA de acuerdo a cinco criterios: Gobiernos que no sean electos por votación popular; estados de excepción que suspendan el ejercicio de los derechos fundamentales; la violación masiva y comprobada de derechos humanos; procesos de transición en cualquiera de las situaciones anteriores; y crisis coyunturales o estructurales que impidan la protección de los derechos fundamentales.

La comisión venezolana fue especialmente ofensiva con este apartado, dado que en el informe anual del 2011 la CIDH denuncia la gravísima situación de inseguridad ciudadana e impunidad en Venezuela. Se señala la falta de imparcialidad del Poder Judicial venezolano, el uso abusivo del derecho penal, los ataques gubernamentales a la libertad de expresión y las deplorables condiciones de vida en las cárceles. La Comisión también recuerda que desde el 2003, el gobierno de Hugo Chávez se niega a aceptar la visita de un relator que evalúe el estado de los derechos humanos en el país.

El contenido de los señalamientos de la CIDH sobre Venezuela ya no se discute porque Chávez optó por desconocer la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero como no se puede esconder tanta tierra debajo de la alfombra, en marzo de este año le estalló el petardo del Examen Periódico Universal de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por pura casualidad imperialista, golpista, y antirrevolucionaria, las observaciones fueron casi las mismas: falta de independencia del Poder Judicial, ataques a la libertad de expresión, escasa protección para los defensores de derechos humanos en Venezuela y deterioro de la cooperación entre el Estado y las ONG. De las 199 recomendaciones formuladas por 70 países, el Estado venezolano aceptó 97 (la mayoría por estar en curso o haber sido implementadas) y desconoció 52 por considerarlas una intromisión en los asuntos internos del país.

Frente a la sugerencia brasileña de diseñar un plan nacional de derechos humanos, el gobierno venezolano alegó que su protección está contenida en la Constitución y en el Plan Económico y Social de la Nación (2007-2013). Solo le faltó explicar cómo se puede garantizar la pluralidad y universalidad de los derechos humanos en un programa que dicta lineamientos para la construcción de un Estado comunal, es decir, un proyecto que excluye a toda persona u organización que no se alinee con el Socialismo del Siglo XXI.

La salida venezolana del sistema interamericano demuestra cuán incapaz es Miraflores para gestionar el poder en un contexto de respeto al estado de derecho y a las libertades civiles y políticas. No puede haber en Venezuela un Poder Judicial independiente porque jueces honestos y profesionales tendrían que procesar a buena parte del gabinete por delitos de corrupción, abuso de poder e instigación a la violencia. No puede haber prensa independiente que denuncie las irregularidades si las élites políticas imponen hegemonía en nombre de la justicia social. No puede haber diálogo con la sociedad civil si se asume que la defensa de sus derechos desafía la autoridad del Estado. Por mucho desfile militar que se organice, no se puede acorralar a la delincuencia sin policías entrenados, tribunales operativos y cárceles humanas. No hay gobierno para tanta concesión, tolerancia, convivencia. Y no hay ciudadanos para tanto compromiso, esfuerzo y participación.

La degeneración moral del poder político venezolano es más antigua que el Socialismo del Siglo XXI, sin duda. Pero reconozcámoslo: sus causas estructurales están ancladas en la negligencia ciudadana y la descomposición social. Si la protección de los derechos humanos sucumbe ante el autoritarismo, todos y cada uno de los venezolanos seremos responsables de que el país se convierta en una prisión de abusos y silencio.