Hay que preguntarse por qué el caso de las firmas chimbas se ha mantenido por tanto tiempo en la escena política nacional, cuando lo usual es que la esperanza de vida de los escándalos sea de alrededor de una semana. Todos los expertos en denuncias, que abundan en nuestro medio, saben perfectamente que la media hora diaria de fama apenas logra sobrevivir después del noticiero del viernes, de manera que rápidamente echan mano de otro tema. Pero, que ahora no haya ocurrido así quiere decir que en este asunto hay algo diferente.
Una primera particularidad de este hecho es que el denunciante fue nada más y nada menos que el líder. En su doble condición de jefe de Estado y jefe de partido acusó de corrupción a todas las fuerzas políticas, excepto a la suya, por supuesto. Esta, según la atinada versión, solamente tenía uno que otro error, siempre dentro del margen estadísticamente aceptable. Que este haya llegado casi al 50%, es apenas un detalle que se lo puede maquillar con juegos de palabras y de números. En fin, como quiera que fuese, viniendo desde ahí la denuncia debía convertirse automática e inevitablemente en orden para unos y en declaración de guerra para otros. Los primeros actuaron de inmediato y pusieron al descubierto la negligencia con la que habían actuado hasta ese momento en la revisión y calificación de las firmas. Los otros recogieron el guante y cayeron mansitos en el juego que le ponía el dueño de la agenda política. Al final, unos y otros montaron una comedia de equivocaciones que aún no tiene final.
La segunda explicación se encuentra en la larguísima cola de paja de algunas organizaciones que buscaban la inscripción. No todas, por supuesto, pero varias de ellas acudieron a métodos nada éticos e incluso ilegales cuando entraron en estado de desesperación porque veían que no podrían cumplir con el requisito. Los menos inmorales contrataron empresas para hacer el trabajo que debería estar a cargo de la militancia. Los otros acudieron directamente a la compra de bases de datos, entre las que se encontraba –según se sabe ahora– la del propio Consejo Electoral. A los primeros se los puede acusar de engañadores, pero los últimos merecen simple y llanamente un tratamiento judicial. Obviamente, hubo quienes no hicieron ni lo uno ni lo otro, pero están pagando las consecuencias. Estos son víctimas de la visión que solamente distingue el blanco y el negro y se niega a ver la amplia gama de grises. En cualquier caso, los tramposos y los corruptos seguirán haciendo del agua lodo para que todos entren en la mezcolanza y no se identifique a los culpables.
La tercera particularidad que hace que el tema se mantenga en el centro de la escena es la incapacidad que ha mostrado la autoridad electoral. La negligencia inicial y la torpeza en los diversos procesos de reconteo de firmas no han encontrado mejor remedio que el cambio de alfombras. Verdaderamente, a la altura de las circunstancias. Allí donde pisa el zapato.
