La obligatoriedad de que las instituciones financieras mantengan como saldo de operaciones hipotecarias un mínimo del 5% de su patrimonio técnico es un mecanismo que forzaría a ciertos sectores de la banca a entrar en un campo que no es su especialidad, según voceros de esas entidades.

Esta disposición fue uno de los cambios que se introdujeron en los últimos minutos del segundo debate en la Asamblea, previo a la aprobación de la Ley de Regulación de los créditos de vivienda y vehículos o Ley de Hipotecas, el pasado martes.

Paco Velasco, presidente de la Comisión de lo Económico, explicó que la incorporación de esta disposición fue para que los bancos no se sientan tentados a disminuir la entrega de créditos hipotecarios.

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Julio Dobronsky, director ejecutivo de la Asociación de Instituciones Financieras del Ecuador (AIFE), integrada por mutualistas y sociedades financieras, puntualiza que esta disposición no responde a la realidad, pues la mayor parte de las entidades no está especializada en créditos para vivienda.

De las 11 integrantes de AIFE, solo las mutualistas destinan el 70% de su cartera a créditos hipotecarios porque esa ha sido su especialización por décadas, según Dobronsky.

César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados, coincidió en que al incorporar un límite del patrimonio técnico se obligaría a una serie de entidades que no estaban interesadas en invertir en créditos hipotecarios a entrar en un negocio en que no tienen experiencia.

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Otras fuentes del sistema financiero añadieron que en el caso de instituciones especializadas en microcrédito, línea que no requiere garantías, se les estaría obligando a realizar otro tipo de operaciones para las cuales no están preparadas.

Mientras, Eduardo Peña, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, pidió ayer al presidente Rafael Correa que vete parcialmente la ley para excluir la regulación de créditos de vehículos, porque, según dijo, estos se deprecian a diferencia de las casas que ganan plusvalía y precio.