El Gobierno tiene normas para el desplazamiento del transporte público y, cuando uno va a hacer rutas que no han sido aprobadas, requiere un salvoconducto. Esa norma funcionó para todos los sectores, no solo para quienes venían en la marcha desde Zamora.¿Ese requisito se pidió a los buses de la contramarcha? También a algunos les pasó lo mismo. Se quedaron detenidos.¿Cuántos? No tengo idea. Algunos me llamaban a mí y a otras personas, y obviamente se les pedía que debían haber arreglado la documentación.
Es bueno que se controle el exceso de pasajeros y esto se hizo entre quienes se movilizaban en la marcha indígena, pero no se hace diariamente en las carreteras. Solo en Carnaval murieron 21 personas en un bus con exceso de pasajeros. Parte de las políticas en seguridad vial tienen muchos requisitos. El control y la verificación va siendo parte de una política nacional. En matriculación, por ejemplo, los automotores tienen que pasar varios controles.La norma está ahí. Me refiero a los controles a la marcha... Es parte de lo que vamos haciendo cada día.Otro obstáculo. Entre Cañar y Chunchi, la marcha indígena se retrasó casi siete horas (el miércoles pasado) porque tuvieron que esperar al fiscal para entregarle a un infiltrado. Mucha gente que esperaba la marcha regresó a sus comunidades. Hay que mirar más globalmente el análisis de la movilización. No me gusta quedarme mucho en los detalles porque una marcha siempre tiene contingentes. Cuando hay compromiso, uno espera cinco, diez, veinte horas; uno, dos días.Si a esto le suman las cadenas, cuñas de radio, llamando a los partidarios del Gobierno a enfrentar la marcha indígena, ¿no hay un desbalance entre la ofensiva oficial y el derecho de estos ciudadanos a expresarse? Es interesante ver cómo fueron tratadas las noticias en los medios privados y en El Telégrafo desde el 8 de marzo. Así como los medios privados han tratado las noticias, en muchos casos sin reflejar exactamente lo que ha sucedido, a nosotros nos correspondía exhibir lo que iba sucediendo en el trayecto de las marchas y las expresiones a favor del régimen.
¿Su conclusión es que hay un desbalance informativo en desmedro de ustedes? No de nosotros. Es en desmedro de lo que ha sido la expresión del pueblo.Hubo un despliegue tanto publicitario como de movilización de funcionarios públicos y de gente de diferentes provincias, ¿cuánto significó en recursos económicos? No vamos a descansar nunca en decirle a la ciudadanía lo que estamos haciendo. Durante todo el tiempo, y con énfasis en este mes, hemos dado información exhaustiva porque muchos de los temas por los que se convocó a esta movilización fueron tergiversaciones. Es nuestra obligación informar permanentemente y eso no tiene costo porque estamos incidiendo en un cambio de la cultura política de los ciudadanos.Me refería al despliegue de recursos para movilizar a funcionarios, a partidarios... Los partidarios vienen por su propia cuenta.La llamada Marcha por la Vida tuvo que esperar a que se retire la concentración oficial para entrar al parque El Arbolito, ¿no fue una expresión de discriminación a la protesta opositora? Durante la marcha ha habido una paulatina deslegitimización. Conocimos que uno de los intereses era presentar un candidato presidencial. Se develó también un interés desestabilizador cuando la presidenta de la UNE señaló que la convocatoria a la marcha era el inicio del fin del gobierno de Correa. Y un afán conspirativo cuando Blasco Peñaherrera señala su respaldo a la movilización de la UNE. El otro sector fue la Conaie, que en su carta al país deslinda responsabilidad con estos afanes electorales y conspirativos, y señala puntos sobre los cuales colocan una agenda de discusión y demandas sociales legítimas. Para nosotros, la apuesta para el día de ayer (jueves) era garantizar la seguridad de todos los ciudadanos para que no hayan incidentes. Fue un contingente.¿Y el Gobierno y PAIS no tienen también fines electorales con estas movilizaciones? No necesitamos.En la marcha oficialista se oía “¡Correa a reelección!”... Es parte de lo que la gente plantea, pero no es ese el espacio de decisión electoral para nosotros. La revolución ciudadana requiere procesos de movilización permanente de la ciudadanía, pues no solo se construye con la política pública.
Una movilización sustentada en una fuerte política de comunicación... Esa política es fundamental para los cambios culturales que requiere este proceso.La descalificación de la oposición o titulares como ‘Quishpe recibe una botella por marchar’, de El Ciudadano, ¿son parte de esa política? Nuestra política de comunicación se basa, ante todo, en difundir las cosas que el Gobierno está haciendo y va de la mano de toda la política gubernamental de garantía de derechos en educación, salud.Pero si el fin es resaltar el trabajo del Gobierno, ¿a usted qué le parece ese titular? No lo he visto. Vamos a insistir en los cambios culturales.¿Tratar así a sus opositores es parte de ese cambio cultural? Nuestra política de comunicación busca una rendición de cuentas permanente, colocar los temas de la agenda política gubernamental y dar espacio a quienes siempre han estado por fuera del acceso a los medios de comunicación.Usted señala que se han deslegitimado los objetivos por los que se convocó la marcha indígena. Pero hay preocupación en comunidades que consideran que pueden ser afectadas por un contrato minero, como el Mirador, donde no se ha cumplido con la consulta previa establecida en la Constitución... El miércoles señalamos que estábamos dispuestos a recibir a una delegación de la dirigencia de la Conaie. No con los conspiradores ni con los electoreros.Decir que ustedes están dispuestos al diálogo, pero que deciden con quién, ¿es democrático y viable? ¿Usted dialogaría con quien quiere derrocar a un gobierno? Nosotros no lo vamos a hacer.Perfil: Beatriz Tola Bermeo Nacimiento 22 de diciembre de 1965.Formación Ingeniería Comercial (Universidad Estatal de Cuenca) y maestría en Desarrollo Local (Universidad de Chile).Experiencia Asambleísta Constituyente (2001- 2008), secretaria nacional del Migrante (2011) y ministra coordinadora de la Política (desde noviembre del 2011).","isAccessibleForFree":true}
Betty Tola, ministra coordinadora de la Política, afirma que son legítimas las demandas sociales de la Conaie, pero cree que los temas por los que se convocó la marcha fueron “tergiversaciones”. Foto: redaccion
La ministra coordinadora de la Política, Betty Tola, habla de un llamado al diálogo con el sector indígena, pero evita adelantar si el Gobierno está dispuesto a ceder frente a la postura de este sector social que rechaza la minería. Además, dice que los puntos que la Conaie coloca en una agenda de discusión son demandas sociales legítimas.