Quiero un país donde, si el presidente de la República demanda a un columnista y a su periódico, más bien exija: 1) Disculpas y rectificación públicas de las frases supuestamente injuriosas; 2) Quinientas horas de servicio comunitario para cada uno de los acusados, distribuidas entre la Fundación Un Techo para mi País, el Instituto de Neurociencias Lorenzo Ponce y el Hospital Baca Ortiz, u otras instituciones afines; 3) Una indemnización en dólares equivalente a la raíz cuadrada de menos uno, y 4) El pago de todos los costos procesales. Con ello, dicho presidente debería estimar que su honor –que es incuantificable– obtendría completa satisfacción. De esa manera, ese presidente plantearía una demanda genuinamente histórica y ejemplar, y además, podría creer que concede una alternativa edificante a los acusados y una enseñanza a los medios y a todos los ecuatorianos.

Ante una demanda semejante, los acusados litigarían con todos los medios legales a su alcance para probar su inocencia, a sabiendas de que son responsables de sus actos, en un proceso donde no está en juego la libertad de prensa ni la de expresión. Los ejes de su defensa serían dos: por un lado el hecho de que cada sujeto es responsable de su palabra, y por ello en este caso no tiene lugar la figura de la “autoría coadyuvante”; y por otra parte, la evidencia de que por los tiempos y modos verbales utilizados (condicional y subjuntivo), las expresiones de marras aludían a un hecho supuesto y no a uno que se considera cierto (modo indicativo). Si de todas maneras fueran condenados, quizás aprenderían algo de la experiencia y cumplirían la sentencia, aunque les resulte imposible pagar esa indemnización al demandante.

En ese proceso, los abogados de ambas partes defenderían a sus clientes hasta las últimas instancias con todos los recursos legítimos de los que su profesión dispone, y no deberían renunciar graciosamente al pago de sus justos honorarios. El juez en esa causa, escucharía con igual interés a las dos partes, no admitiría la presencia innecesaria de personas ajenas al proceso, se tomaría todo el tiempo que requiera para estudiar los documentos, tomar una decisión y redactar una sentencia, de acuerdo a su saber jurídico, su experiencia y su conciencia. Si al ser designado juez para esta causa, hubiera verificado que está sesgado por prejuicios o conflictos de intereses, debería excusarse de actuar en ella.

Coincido con el presidente Correa en que este episodio constituye un acontecimiento histórico, pero en un sentido diferente al que él propone. Creo que el juicio “Rafael Correa contra Diario EL UNIVERSO y Emilio Palacio”, a partir de la formulación de una demanda que desde el origen se desvirtuó a sí misma en su propio y supuesto sentido, es el Gran Desperdicio de una oportunidad histórica para que todos los ecuatorianos (incluyendo los académicos, los políticos y los medios de comunicación) aprendamos a construir cultura democrática, a confiar en nuestras instituciones y a respetarlas (sobre todo a nuestro sistema judicial), y a reconocer el valor fundamental de la ética del bien decir (más que la etiqueta del “buen vivir”) para una mejor relación entre los seres hablantes. Pero con este episodio no hemos aprendido absolutamente nada.